La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco nicaragüense urgió este domingo a los países americanos aplicar la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Daniel Ortega, debido a que, entre otras razones, el Ejecutivo llamó a negociaciones para superar la crisis que estalló en abril pasado, «mostrando una falsa voluntad».
«Llamamos a la comunidad internacional a proceder de inmediato con la Carta Democrática de la OEA, ante el incumplimiento reiterado de compromisos suscritos por el Estado de Nicaragua en el marco de los derechos humanos», abogó esa unidad en una declaración.
El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
La Unidad Nacional Azul y Blanco -a la que pertenece la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Gobierno en las negociaciones que comenzaron el 27 de febrero pasado-, hizo esa petición con motivo de la decisión de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que declinó participar como testigo y acompañante en ese proceso.
Esa coalición valoró el anuncio de la ausencia de la CEN en las negociaciones «como un acto de seriedad y dignidad, de quien ha mostrado un claro compromiso con las demandas de la ciudadanía, antes, durante la gesta de abril» de 2018, cuando estalló la crisis.
«El régimen llamó a negociación, mostrando una falsa voluntad, después de 8 sesiones no ha cumplido con ninguna de las demandas expresadas a través de la Alianza Cívica», reprochó la Unidad Nacional.
Para esa coalición, el Gobierno de Ortega «utiliza la mesa de diálogo como cortina de humo para continuar desmantelando el país, tal y como lo hizo con la reforma tributaria y el trasiego de dinero del BanCorp (Banco Corporativo), haciendo pagar a la ciudadanía dinero que la familia Ortega Murillo y sus allegados malversaron de la cooperación venezolana».
Por otro lado, también hizo eco de la demanda de las «presas políticas» en huelga de hambre, de que no son moneda de cambio ni objeto de transacción en la mesa de negociación.
«Demandamos una salida pacífica, precedida por la inmediata liberación de todos los presos políticos, el cese de la represión, las libertades de movilización, asociación, libertad de prensa y retorno de exiliados con garantías», exigió ese grupo.
Para la unidad opositora, es urgente una solución a la crisis, «pero no es cualquier salida».
«Esta debe incorporar el retorno de los derechos fundamentales, elecciones adelantadas previa reforma al sistema electoral y justicia para las víctimas sin amnistía», precisó.
Asimismo, consideró que un diálogo sólo puede ser creíble con el Episcopado como mediador, y con la presencia desde un inicio de garantes internacionales y el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
También del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entes tutelados por la CIDH.
El Gobierno de Ortega exhortó este sábado a la comunidad internacional a suspender toda sanción contra el Estado nicaragüense e invitó a la OEA a participar en su diálogo con la oposición.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. EFE