Un informe del Centro de Estudios de las Américas (CEJA), encargado por la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción (MACCIH) diagnosticó el funcionamiento del sistema de justicia penal en Honduras.
La “investigación empírica”, que contiene cinco ejes temáticos, fue desarrollada durante el 2018, en cuatro departamentos: Atlántida, Copán, Cortés y Francisco Morazán y los hallazgos del estudio se complementan con recomendaciones y propuestas, a fin de mejorar la institucionalidad.
El primer eje aborda los problemas sistémicos del Estado y que repercuten en el funcionamiento del sistema de la justicia penal, en materia de transparencia, estadísticas y registro de datos, así como la regulación actual del enriquecimiento ilícito, afirma en su informe CEJA.
En el segundo eje analiza la regulación normativa del proceso penal y la participación de los intervinientes en las audiencias, plantean recomendaciones a litigantes y judicatura.
Otras sugestiones van a dirigidas a la coordinación de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal, aborda también la situación del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensa Penal Pública.
En el cuarto eje las recomendaciones van dirigidas a promover el respeto de la persona imputada, en lo referente al derecho a la defensa, a la información y uso de medidas distintas a la prisión preventiva.
La situación de la víctima del delito es también analizada en el quinto eje, donde se advierte la necesidad de posicionarla como un real interviniente en el proceso, así como también, promover su participación y derechos.
En la presentación también se comparó el tratamiento a la gestión de las causas de alto impacto social y de corrupción, durante el período 2011-2016.