Carta abierta a los editores de Science y Nature

Por: Carolina Alduvín

Estimados editores:

Me dirijo a ustedes para expresar ante su enorme audiencia mundial, la preocupación que como científica me embarga, por las decisiones poco técnicas que se están tomando en México, mi país de origen, en materia de ciencia y tecnología. Como el nombramiento de una reconocida activista anti-biotecnología en la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CoNaCyT), el desmembramiento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBiOGeM); los nombramientos de personas que poco o nada pueden aportar al desarrollo de CyT. La no apertura de nuevas cátedras Conacyt, las anunciadas reformas al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, la reducción de apoyo a estudiantes e investigadores en biotecnología y la revisión de los subsidios a proyectos biotecnológicos que tanto prestigio están haciendo ganar al país.

La titular de CoNaCyT ha enviado al Senado de la República una iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología, con la que se pretende cambiar el nombre de la institución a CoNaHCyT, siendo que las humanidades ya están atendidas por otros organismos estatales. También reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y de la CIBiOGeM, eliminando la participación de otros sectores involucrados como salud, ambiente, educación, hacienda, economía y desarrollo agropecuario. Todo esto representa un retroceso en la materia, ya que la vigente Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, es más completa que la que se plantea y, aunque perfectible, responde a la necesidad de crear mecanismos que aseguren una participación incluyente del sector CTI en el diseño de la política pública.

El proyecto centraliza y concentra la toma de decisiones del sistema en el propuesto CoNaHCyT, excluyendo o restando facultades a otras instancias como la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Coordinación de CTI de la Oficina de la Presidencia de la República y otras instancias del sector; además de los consejeros representantes de los investigadores y del sector productivo, entre otros, con lo que su Junta de Gobierno operaría al margen del sistema que pretende gobernar y actuaría como juez y parte.

En cuanto a los Centros Públicos de Investigación, su continuidad o cierre quedaría a criterio de una todopoderosa Junta de Gobierno, incluyendo los procesos para nombrar y remover a los titulares de los CPIs, así como a sus representantes legales. La titular de CoNaCyT ni siquiera ha esperado a que tal facultad se le otorgue, al pedir arbitrariamente la renuncia a una destacada investigadora en el campo de producción de variedades transgénicas de soya y cítricos, de la dirección de uno de estos centros; afectando colateralmente un bien concebido programa de cooperación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, al cancelarse la firma del respectivo convenio, este abarcaba investigaciones conjuntas en campos de interés mutuo y la oportunidad de intercambiar estudiantes en programas de maestrías y doctorados en biotecnología agrícola, campo aún muy incipiente en Honduras, país donde actualmente resido.

La ley en cuestión, también otorga facultades extraordinarias para suspender y cancelar programas, proyectos y actividades de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico, así como de suspender el régimen de patentes por tiempo ilimitado a petición de interesados, o en los casos que la dirección estime pertinente, extrapolando los conceptos de previsión, prevención y precaución, originalmente dispuestos para la liberación de OGMs, a todo el ámbito científico. Desaparecerían del marco jurídico nacional los conceptos de autonomía universitaria, libertad de cátedra y en consecuencia de investigación. Atenta contra la libertad científica, es un retroceso filosófico y jurídico que nos pone en franca desventaja en la sociedad del conocimiento, ahonda la dependencia científica y tecnológica que se ha combatido con más de 50 años de esfuerzos sostenidos y nos aleja de la verdadera soberanía.