Teniente coronel de Caballería Moisés Gerardo Bados Z.
La Constitución de la República de Honduras establece en el artículo 272; “Que las Fuerzas Armadas de Honduras, deben garantizar los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y de igual manera cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, para tal efecto las mismas deberán estar a disposición del Tribunal Supremo Electoral, desde un mes (1) antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas.
De aquí el fundamento legal para que se puedan emplear las Fuerzas Armadas de Honduras en apoyo a otras instituciones durante el desarrollo de los procesos electorales.
Desde junio del año 2009, se inició la polarización de la sociedad hondureña motivada principalmente por diferencias políticas entre grupos; previo y después del proceso electoral del año 2013; los enfrentamientos de grupos de la población con las entidades encargadas de establecer el orden se intensificaron, mismos que se caracterizaron por el menosprecio a la integridad física, el irrespeto al derecho humano, la restricción a la libre locomoción, destrucción de la propiedad privada y pública entre otros, situación que hasta la fecha continúa y principalmente después del proceso electoral del año del año 2017.
Por todas estas acciones surge la participación activa del personal de las Fuerzas Armadas de Honduras en apoyo a la Policía Nacional a fin de reestablecer y mantener el orden, la paz social y la seguridad ciudadana, para esto es necesario utilizar racionalmente la debida fuerza dentro del marco de los derechos humanos. Sin embargo, aún actuando bajo estos criterios fundamentales, algunos actores de la sociedad han denunciado a nivel nacional e internacional como represión las actividades desarrolladas por el personal del Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y que a la fecha ha dejado como saldo la muerte de más de treinta personas, cientos de heridos, miles de intoxicados con gases lacrimógenos, con daños psicológicos y detenciones ilegales.
Hasta la fecha el CONADEH, ha confirmado la muerte violenta de 31 personas desde el año 2009, de las cuales se han desarrollado investigaciones, sin pronunciamiento legal alguno que establezca y determine que miembros de las Fuerzas Armadas son los causantes de dichas muertes o hechos adversos suscitados en un periodo de 10 años aproximadamente.
Actualmente en el proceso de formación y capacitación del personal de oficiales, suboficiales, cadetes, estudiantes, tropa y auxiliares, incluye en sus planes de estudio, clases, charlas y/o seminarios sobre el uso de la fuerza letal y no letal, disposiciones emanadas por parte de la Universidad de Defensa de Honduras y el Comando de Doctrina y Educación Militar, establecidos doctrinariamente en el respeto a los derechos humanos como norma universal a la que se apegan las Fuerzas Armadas adoptando una política institucional. Es importante denotar que para que el personal de las Fuerzas Armadas de Honduras que participe en operaciones principalmente en apoyo a la Policía Nacional deberá portar en su bolsillo las normas del uso de la fuerza, ya que la aplicación de las mismas es de carácter obligatorio,
A nivel regional y de acuerdo a los informes presentados por organismos de derechos humanos en otros países el nivel del uso de la fuerza ha sido considerada irracional, atribuida a los agentes gubernamentales en acciones orientadas al restablecimiento del orden y la paz social, según el informe mundial 2019, de Human Rights Watch, en un país vecino y en un periodo menor de un año, las acciones policiales militares y otros actores gubernamentales ha provocado al menos, 324 personas asesinadas hasta septiembre del 2018, algunos de estos asesinatos constituyeron ejecuciones extrajudiciales, cifra que incluye niñas y niños, de igual manera estas acciones provocaron al menos 2,000 heridos, personas privadas de la libertad de manera arbitraria, cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación.
Al comparar los datos estadísticos debidamente certificados por organismos de derechos humanos, se puede determinar que las acciones desarrolladas por el personal de las Fuerzas Armadas, en aras de devolver la paz y tranquilidad de la población y asegurar la gobernabilidad para lograr el desarrollo integral de sus habitantes, han sido bajo el respeto y aplicación de los derechos humanos y el uso correcto de fuerza y como observancia permanente, ha sido vital para el cumplimiento de la misión emanada en la Carta Magna de la República de Honduras.