Edmundo Orellana
El proceso de desmembración del país, mediante la creación de ZEDE, continúa con el apoyo de la Corte Suprema y sin oposición de las instituciones llamadas a defender la soberanía y el territorio. La oposición legislativa, fuera de participar en marchas y plantones -que no se atreven a convocar porque nadie atiende sus invitaciones-, nada ha hecho institucionalmente para oponerse a la perversa cesión de soberanía y de territorio a favor de empresas que operen en las tristemente célebres ZEDE.
Son las municipalidades las que están liderando esta lucha por rescatar la soberanía y el territorio nacional, acompañadas por el pueblo que se está organizando en movimientos populares. Igualmente, algunas instituciones estatales y gremiales se han sumado a esta lucha, entre las que destaca UNAH, el Colegio de Abogados, el COHEP, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y la plataforma que dirige el padre Melo.
De los comunicados publicados, el del COHEP es muy claro, advirtiendo a sus agremiados sobre el riesgo de invertir en ese parto de los montes. Sin embargo, las empresas beneficiadas no escuchan, parece que no les importa. Lo que despierta sospechas, porque solamente quien está desesperado por operar con apariencia de legalidad puede ignorar semejante advertencia. Y es que la ley no exige transparencia sobre los socios y sus recursos financieros. Cualquiera que disponga de recursos, no importa que provengan de la economía del crimen, podrá obtener una o varias ZEDE y operar legítimamente. La identidad de los socios no importa ni tampoco el origen lícito de los recursos. Con las ZEDE se ofrece el mecanismo ideal para que los criminales blanqueen sus activos. Serán paraísos para los criminales, sin duda.
e están autorizando las ZEDE sin crearlas legalmente. El único que puede crearlas es el Congreso Nacional, función que ha usurpado el Comité de Adopción de Buenas Prácticas, pero que ningún diputado se ha atrevido a exigir se investigue a efecto de tomar las decisiones pertinentes en el seno del Congreso. Todas las autorizaciones son, pues, inconstitucionales e ilegales, lo que pretende ocultar el gobernante mediante la celebración de un acto con los socios de las empresas beneficiadas con esas fraudulentas autorizaciones, en el que aseguró a estos que todo es constitucional y legal, acreditando su aserto con una resolución de la Corte Suprema por la que supuestamente se establece la jurisdicción en las ZEDE, misma que era innecesaria porque esa jurisdicción la crearon cuando reformaron la Constitución y emitieron la Ley de las ZEDE. De ahí, la sospecha de que esa resolución fue emitida a pedido del Ejecutivo para calmar el nerviosismo de los supuestos inversionistas, provocado por las masivas protestas de organizaciones y de los vecinos de las áreas afectadas.
El MP aún no da señales de cumplir con el mandato constitucional de defender, proteger y representar a la sociedad hondureña. Esperamos que esté investigando y oportunamente presente las acusaciones respectivas en contra de los usurpadores de las funciones del Congreso Nacional, de lo contrario participará del crimen en el que ya incurrieron quienes permitieron la creación y funcionamiento de las ZEDE.
Los municipios iniciaron esta lucha porque sus potestades y su territorio pasarán a las ZEDE y los vecinos serán expropiados y desplazados de sus comunidades. Son, según la Constitución, autónomos y las corporaciones municipales, que los administran, son independientes de los poderes del Estado en el ejercicio de sus “funciones privativas”, entre estas el catastro y el plan de arbitrios, y ambas pasan a las ZEDE.
En el municipio, por mandato constitucional, solo dos poderes pueden ser ejercidos, a saber: el estatal y el municipal. No se excluyen, se complementan. Creada la ZEDE, sin embargo, solo su autoridad será legítima en los territorios municipales que le ceda el gobierno, es decir, será competencia suya el catastro y el cobro de impuestos y tasas. Las municipalidades perderán potestades, ingresos y territorio.
En su defensa, las municipalidades levantan la bandera de la dignidad nacional, oponiéndose a la actitud entreguista del gobierno, y lideran sus comunidades, declarando sus respectivos municipios LIBRES DE ZEDE y animando a los vecinos que no permitan que se asienten esas empresas en su término municipal. Comenzaron La Ceiba y Tela, y, seguramente, las emularán las demás municipalidades del país, en defensa de su “autonomía municipal”, que, por mandato constitucional, siendo su competencia privativa, ningún poder del Estado puede sustituir ni desconocer. Valiente, heroica y patriótica decisión, acompañados por sus vecinos, amenazados con expropiaciones y desplazamientos por los dueños de las ZEDE.
Vía el municipio, Honduras será declarada ¡LIBRE DE ZEDE! Para que sea una realidad digámoslo con fuerza y repitamos: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
