La disyuntiva de Washington

Rafael Leiva Vivas

Mucha gente en el país se pregunta, por qué el gobierno de Washington ha mantenido una posición vacilante sobre la crisis de Honduras, originada por el relevo del señor Manuel Zelaya Rosales en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Estados Unidos de América, como primera potencia mundial y con intereses estratégicos en la región centroamericana, está acostumbrado a ejercer su influencia, como lo registra la historia del continente, pero esta vez está encerrada en una disyuntiva, la cual tiene explicaciones.

Lo primero es que el mundo ha cambiado y con ello las relaciones internacionales; en segundo lugar, los estados del hemisferio se sienten comprometidos desde 2001 con la “Cláusula Democrática” por la cual, “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado constituye un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno” en el sistema regional; y en tercer lugar, la información que le proporciona su embajada en Tegucigalpa tal vez no le ha servido para tomar una decisión, ya sea porque esté manipulada o es escasa; otro aspecto a tomar en cuenta es que Estados Unidos y a lo largo de su historia política moderna, ha tratado de darle a su política exterior un contenido fuertemente idealista y moral.

La concepción del gobierno ha pesado como ejemplo para detener ese mal, por lo que la seguridad colectiva se produce bajo la mira retrospectiva de los sucesos siguientes:

La comunidad latinoamericana comenzó a experimentar una cadena de golpes militares contra las democracias más jóvenes, sin que la solidaridad hiciese su ejercicio de reparación. El 5 de septiembre de 1963, el ejército de la República Dominicana se ensañó con un golpe artero para derribar al legítimo presidente, el renombrado escritor Juan Bosch. Ese acto provocó la insurrección popular para lograr su regreso al poder, pero se ensayaron los actos de intervención extranjera y el país se sometió a una guerra civil, con sus negativas consecuencias.

El 3 de octubre de 1963 se produce en Honduras el golpe militar que derrocó al gobierno democrático del doctor Ramón Villeda Morales, a quien le faltaban tres meses para cumplir su mandato constitucional. Pese a que la irrupción de los militares fue violenta, Estados Unidos esperó a que otros países reconocieran al gobierno militar, lo que se produjo al poco tiempo. No hubo condena al golpe y apenas Costa Rica mantuvo su apoyo al gobierno depuesto. Ningún otro gobierno ejerció presión para restituir la democracia hondureña.

El 11 de septiembre de 1973, la Fuerza Armada de Chile irrumpió en la vida institucional de ese país de tradición democrática para deponer al gobierno de Salvador Allende, en una asonada sin precedentes en América Latina; pero tampoco la Organización de los Estados Americanos hizo algo.

El 14 de octubre de 1979, un día después de la celebración del Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, en La Paz, Bolivia, el ejército de ese país defenestró a la presidente Lidia Gueiler y entronizó en el poder a un militar gorila; pero tampoco ningún gobierno realizó gestiones para restablecer el orden constitucional.

La era de los golpes militares se convirtió en un escenario que distinguía a los países de América Latina, caso Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Panamá, etcétera, sin que el mundo moviera un dedo.

Cuando se criticaba a la OEA, por no hacer nada, uno de sus secretarios generales (1949), don Carlos Lleras Camargo, explicaba: “La OEA no es buena ni mala en sí misma, es lo que los gobiernos miembros quieren que sea”.

Bajo las características de un nuevo mundo marcado por el fin de la guerra fría, se configuró el ingreso de un estilo de diplomacia moderna, donde la convivencia de las naciones sólo se explica por la ausencia de conflictos o el uso de métodos de negociación y solución pacífica. El cambio del estilo diplomático ya no concibe la adopción de decisiones arbitrarias e intervencionistas que no tomen en cuenta la realidad política de los países.

Por eso es inadmisible que los países miembros de la OEA coloquen a Honduras como reo de conciencia política, la sancionen sin antes haberla llamado a exponer sus razones, y la exhiban como violadora del sistema democrático.

La OEA ha acusado a Honduras sin haber realizado gestiones o misiones diplomáticas al país, pues, según el Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, ese organismo regional “podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. Esto no se ha hecho, y según parece, la misión que encabeza el Secretario General de la OEA se contrae a entregar al nuevo gobierno hondureño, una resolución de ultimátum para volver a la situación anterior. Al no obedecer, Honduras sería expulsada de pertenecer a la OEA.

Ojalá la misión de la OEA dé la oportunidad a Honduras para exponer su verdad, de suerte que la comunidad hemisférica tenga elementos de juicio para considerar que la sustitución de la Presidencia de la República está enmarcada en la Constitución.

(X) Embajador del Servicio Exterior de Honduras

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