TEGUCIGALPA.- Autoridades hondureñas, realizaron simultáneamente tres allanamientos en distintas partes de Francisco Morazán, en dónde confiscaron tres propiedades obtenidas bajo el delito de lavado de activos.
En la operación participó la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la Unidad contra el Delito de Lavado de Activos y la Oficina de Bienes Incautados (OABI) en compañía de militares de las Fuerzas Armadas.
La acción obedece a una orden expresa del Juzgado Tercero de Letras Departamental de Santa Bárbara, sobre un caso de lavado de activos, relacionado con otras incautaciones iniciadas desde la semana pasada en ese mismo departamento, en donde a principios de mes, dos haciendas fueron puestas a la orden de la OABI, tras conocerse que provenían de actividades ilícitas.
Por lo anterior, las autoridades del MP se encargaron de realizar las confiscaciones en el municipio de Valle de Ángeles, Santa Lucía en Francisco Morazán y en Tegucigalpa, informó el portavoz del MP, Melvin Duarte.
La primera propiedad puesta a la orden de la OABI, se ubica en el caserío conocido como “El Sauce”, en las cercanías de la carretera que comunica a la aldea “La Cañada” en Valle de Ángeles.
El segundo bien incautado, fue en el municipio de Santa Lucía, en la comunidad conocida como “El Achotal y en Tegucigalpa una casa ubicada en la colonia “Florencia” en el Lote 18, bloque C.
“Estos allanamientos responden al mandato expreso de un juez, son tres propiedades que de acuerdo a la investigación de la unidad especializada, tienen relación con el mismo caso de lavado de activos que se desprende del departamento de Santa Bárbara (occidente de Honduras) y que relaciona a varias personas en el mismo caso”, informó Duarte.
EDIFICIO DEL NECAXA
El allanamiento que “sorprendió” no sólo a los vecinos de la colonia Florencia, sino también a miembros de la Liga Nacional, jugadores y hasta periodistas deportivos, fue el que se realizó en edificación donde se ubican las oficinas administrativas del equipo de fútbol, Necaxa de la primera división, en Tegucigalpa.
Por más de tres horas, los encargados de la oficina tuvieron que esperar en las afueras de las instalaciones para que alguna autoridad les explicara lo que estaba sucediendo, sin obtener respuesta alguna ya que cuando se realizan estas acciones, los agentes sólo se limitan a hacer su trabajo.
Asimismo, Duarte aclaró que las acciones no estaban dirigidas a un operativo antinarcóticos o en persecución de los arrendatarios del bien inmueble, sino obedeciendo la orden de un juez en un caso específico investigado.
Por consiguiente, dijo que el hecho, no puede relacionarse a uno de narcoactividad, pero sí en persecución del delito de lavado de activos en las que hasta el momento se involucran a René Alfonso Rodríguez, Wilfredo Humberto Hernández Herrera (guatemalteco), María Antonieta Serrano Mejía, Elmy Valladares Ortiz, Aldo Asfura Laca y el grupo empresarial conocido como “Fluir, S.A.” que se mencionan en los expedientes del MP por el caso dado a conocer.
“Hasta este momento no podemos relacionar directamente el hecho de lavado de activos con una acción de narcoactividad, ya se han adelantado diligencias por parte del Ministerio Público en contra de las personas señaladas.
La vinculación de alguna institución o de las personas que estén ocupando este bien en específico, no lo podemos confirmar”, aclaró.
Agregó que lo único que el MP confirma es la acción realizada por la OABI. “Dado que cualquier persona que esté arrendando el edificio podría ser que no tenga ninguna relación en sí y sería perjudicar a alguna institución, sobre todo si no tienen ninguna vinculación con la investigación realizada (hace varias semanas)”.
Por consiguiente, explicó que el allanamiento realizado es parte del aseguramiento del bien, no se buscó nada en específico, ya que de acuerdo a las investigaciones, el edificio es parte en el delito de lavado de activos.
“Asegurar el bien, significa que a partir del momento del operativo, pasa a ser administrado por la OABI, respondiendo al mandato del Juzgado en Santa Bárbara que analizó el expediente y encontró los elementos suficientes para establecer que todas las propiedades tienen relación con la misma investigación del lavado de activos en aquel departamento”, detalló el funcionario.
INVOLUCRADOS
Según información del MP, las tres propiedades incautadas, son parte de los bienes cuya propiedad directa o indirecta fue adscrita a las mismas personas que han sido señaladas en el caso de lavado de activos originado en la comunidad de Petoa, Santa Bárbara, desde el pasado 28 de octubre, cuando la OABI, agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y otras autoridades, iniciaron operativos en la investigación del delito.
En ese entonces, los fiscales del MP y funcionarios de la OABI, levantaron un inventario de todo lo existente en el lujoso inmueble construido en la hacienda “Los Palos” de la aldea El Morro, jurisdicción, de Santa Bárbara.
La propiedad ocupaba una parte del área de 200 manzanas, cuyo valor asciende a unos 250 millones de lempiras, sin incluir una lujosa construcción y remodelación que quedó por concluir, así como un estacionamiento para unos diez carros, obras que actualmente tendría un costo de 15 a 20 millones de lempiras.
Los agentes contabilizaron también 478 cabezas de ganado vacuno y seis caballos. La hacienda cuenta con otra infraestructura, incluyendo un helipuerto que no se ve desde la carretera principal de la aldea, se informó.
MÁS INCAUTACIONES
Desde finales del año pasado, son varias las haciendas que han sido incautadas por autoridades del Estado, en el departamento de Santa Bárbara, por considerar que son producto del lavado de activos.
Otra de las confiscaciones de propiedades y bienes se realizó el pasado 13 de noviembre en la aldea Piñuelas, Macuelizo, Santa Bárbara, donde se detuvo al guatemalteco Osman Antonio Meza Umaña y a su empleado de confianza Roger Alonso Castro (35) quienes en la actualidad guardan prisión por orden de un tribunal competente.
La propiedad en este caso, es de aproximadamente una manzana de terreno y según las investigaciones, en un pequeño espacio de tierra, se construyó una pequeña casa, donde hace más de seis años los vecinos no volvieron a ver al supuesto dueño de la propiedad.
Según los investigadores del caso, es una de las propiedades de Wilfredo Humberto Hernández, quien no estaba al momento del registro y se presume que junto a su familia se marchó del país.
Y es que según informaciones de la inteligencia colombiana compartidos con la Secretaría de Seguridad, en Honduras se está produciendo el fenómeno que se dio en el país sudamericano en los años ochenta y noventa, cuando los narcotraficantes en lugar de depositar el dinero en bancos o negocios formales de la economía, lo escondían en caletas o invertían en haciendas que podrían pasar desapercibidas por las autoridades.
| Gerente general del club |
 “Necaxa no tiene nada que ver” Al conocer que el edificio en donde opera la parte administrativa del equipo de fútbol Necaxa en Tegucigalpa, fue militarizado para posteriormente pasar bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), el gerente general del equipo, Óscar Guerrero, desmintió cualquier versión que los involucre con el crimen organizado o narcoactividad.“Respetamos las críticas, pero estamos tranquilos porque el equipo no tiene nada que ver en este caso, ni los jugadores ni el personal que lo conforman. El que nada debe, nada teme”, expresó sorprendido ante las acciones del MP. “Trabajamos en el equipo y lo vamos a defender, todo lo que hacemos es limpio, tenemos un predio como cualquier empresa tiene su oficina, lastimosamente pasó esto (allanamiento)”. Cuando la prensa le consultó si tenía conocimiento de la actividad, respondió que no tuvo comunicación alguna, pero que las autoridades no estaban interviniendo directamente a la oficina del Necaxa. “La verdad que esto no me compete y no puedo hablar más de esto, no puedo opinar porque no sé”, manifestó. Y es que las indagaciones se dirigieron hacia el representante del equipo en vista que las informaciones del Ministerio Público (MP) señalan al grupo empresarial “Fluir, S.A.” como involucrado en presuntos delitos de lavado de activos. “Hay un grupo de empresas del cual nosotros también somos patrocinados por la empresa, nosotros para hacer transparente todo tenemos un predio pequeño. Estamos al margen de todo esto, no sé más y es lo que voy a contestar”, repetía tras lamentar que no lo dejaron entrar a la oficina. |