TEGUCIGALPA.– Funcionarios de Estados Unidos y América Central advirtieron que la falta de control efectivo por parte de los gobiernos de algunas zonas de la región, facilitan las acciones del crimen organizado.
«Hay partes significativas de muchos de estos países (centroamericanos) donde el gobierno no controla efectivamente el territorio», señaló Christopher Ashe, funcionario del Departamento de Estado estadounidense que trabaja para la Iniciativa de Seguridad para Centroamérica (CARSI).
«Existen estas áreas remotas donde hay una ausencia general de presencia del gobierno, falta de capacidad de los cuerpos de seguridad y el gasto del gobierno tiende a ser extremadamente bajo en comparación con áreas urbanas», dijo Ashe, en el centro de análisis Woodrow Wilson en Washington.
Entre esas áreas, Ashe nombró la frontera entre Guatemala y Belice, la zona del Darién en Panamá, en la frontera con Colombia; la Mosquitia en Honduras (costa atlántica); y la Costa Atlántica en Nicaragua.
«Todas estas áreas tienen una actividad de narcotráfico y del crimen transnacional significativa», indicó.
Las porosas fronteras de los siete países de la región, que se ha convertido en una de las más violentas del mundo según cifras de la ONU, muestran «controles fronterizos extremadamente débiles», funcionarios trabajando en condiciones extremas y una «corrupción endémica», apuntó.
Werner Ovalle, funcionario de seguridad fronteriza del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), dijo que por ejemplo en la frontera entre México y Guatemala, de menos de 1,000 km, hay 8 puestos fronterizos formales, pero 54 cruces vehiculares informales y 1,200 pasos ilegales identificados.
Esta situación abre las puertas al establecimiento del crimen organizado en las comunidades aisladas, donde brindan «servicios paralelos» a la población, lo que «socava el concepto del Estado de derecho», señaló Ashe.
Estos grupos «llenan vacíos que el Estado» ha dejado, construyen escuelas y hospitales y van ganando una «cierta lealtad» que hace más difícil que los gobiernos puedan retomar estos lugares, estimó Ovalle.