El próximo martes, cuando regresen los diputados al Congreso Nacional, después del feriado de Navidad y fin de año, tendrán una agenda cargada.
El Ejecutivo enviará en las próximas horas un paquete de reformas para tipificar los delitos de extorsión y sicariato como un acto terrorista.
Junto a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), el Presidente Juan Orlando Hernández ha venido trabajando y preparando un paquete de reformas para considerar los delitos de extorsión y sicariato, a cargo de las pandillas, como terrorismo.
Para analizar estas reformas se conformará una comisión especial de técnicos, integrada por los órganos de seguridad del Estado y diputados que acompañarán al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
El secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, informó ayer que desde el Ejecutivo le dieron a conocer que hoy llegará al Legislativo la iniciativa de ley que busca reformar algunos códigos y leyes del país, principalmente en el tema de seguridad.
Precisó que las reformas se harán en el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario, para lo cual ya les han compartido algunos textos de lo que podrían contener estas iniciativas.
Dijo que las propuestas de ley deben ser estudiadas con profundidad y responsabilidad, pero en algunos casos esos estudios deben ser rápidos y de emergencia, y este es uno de ellos, porque no se pueden seguir viendo más quemas de buses del transporte público y más asesinatos de conductores.
Refirió que algunas reformas permitirán que las autoridades del país luchen con mejores herramientas e instrumentos legales en contra de este mal que afecta a todo el pueblo hondureño.
Pérez precisó que hoy se solicitará la opinión, en el caso que lo amerite, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque cuando se trata de reformas al Código Penal no se pueden discutir, si no se tiene la opinión calificada de la máxima autoridad en materia de justicia del país.
“Estoy de acuerdo en que el país necesita algunas reformas, porque la quema de un bus ya no puede verse como un simple delito de incendio o contra la propiedad privada, porque la finalidad de la persona que comete este hecho es infundir miedo y terror en la población y los propietarios de las empresas, para tener un beneficio económico”, analizó.
PRUEBA ANTICIPADA
En el delito de extorsión se está pidiendo la prueba anticipada, que consiste en que la declaración de la víctima se dé al inicio del juicio, y que después no estén citando al ofendido para que vaya a declarar a los juzgados, ya que eso provoca que la gente, por miedo, no se presente a las audiencias y se deje libre al extorsionador.
En materia penitenciaria se está pidiendo que el traslado de reos de un centro penal a otro no sea mediante un trámite engorroso, como sucede actualmente, y que se revise la preliberación, ya que muchos reclusos salen los fines de semana y son asesinados, mientras que otros van a delinquir.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad, David Chávez, indicó que “debe de haber un ambiente positivo a las reformas en seguridad, porque el pueblo hondureño está urgido a que se le dé respuesta en esta materia”.
La intención de declarar algunos actos como terroristas es castigar severamente a los criminales y que todos los órganos de inteligencia que tiene el Estado utilicen mecanismos como prueba anticipada.
Entre esos mecanismos están la Cámara de Gesell, donde el acusado y el testigo no se miran, ya que es una habitación conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y video para grabar la conversación asistida por un psicólogo.
Chávez apuntó que se buscará que a las cárceles de máxima seguridad vayan los criminales más peligrosos y los de conducta agresiva, porque ya no pueden estar como reyes, dando órdenes para extorsionar, mandar a matar gente o secuestrar.
En la cuarta y última legislatura, que se instalará el 25 de enero, se proyecta trabajar en otros temas como la reglamentación de la reelección presidencial, la depuración policial, la Ley de Seguridad Social y retomar la discusión del Código Penal.
Tipificarán como terrorismo quema de buses y extorsión
