HASTA ahora no conocemos el contenido de las reformas que pretenden introducirse al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario, como iniciativa de la Casa de Gobierno, encaminadas a incluir, dentro del delito de terrorismo, varias otras acciones delictivas perpetradas por las maras y el crimen organizado. Entre ellas se contemplaría agregar la extorsión y los asesinatos cometidos por sicarios como actos de terrorismo. Se sabe lo que ha trascendido por declaraciones de varios funcionarios públicos ofrecidas a los medios de comunicación. El mandatario justifica que, “los operadores de justicia, principalmente policías, agentes de inteligencia y militares que están en la calle, en el campo, muchas veces se sienten desprotegidos frente a la agresividad, a la motivación de causar terror de parte de algunas bandas delictivas”. “A mi criterio –expresó el mandatario– el delito de terrorismo como está hoy calificado en el Código Penal no es suficiente para enfrentar lo que hoy estamos viviendo”.
Sostiene que es necesario no solo revisar “las falencias del Código Penal sino los procedimientos en el sistema penitenciario, sobre todo lo que se refiere a la clasificación de los privados de libertad”. “Lo que buscamos –ejemplificó el titular del Ejecutivo– con el replanteamiento de una nueva tipificación de terrorismo, es poder darle al país la opción de que si alguien pretende con un hecho sembrar terror, generar miedo para obtener dinero, como es el caso de la extorsión, o generar terror para que no continúen los procesos de certificación de los operadores de justicia, podamos tener la opción de que un juez lo pueda tipificar de esa forma y eso cambia el tema de la sanción penal”. “Uno de los hechos que entrarían en la tipificación del terrorismo podrían ser las masacres que protagonizan los pandilleros, en represalia por las medidas del gobierno”. Ello infiere que la quema de buses acompañada de la muerte de los conductores –es decir cuando ese acto vandálico se ordena en represalia, digamos, por el traslado de un reo a una cárcel de alta seguridad– podría caer dentro de esta categoría. “La quema de un bus –opina el secretario del Congreso– ya no puede verse como un simple delito de incendio o contra la propiedad privada, porque la finalidad de la persona que comete este hecho es infundir miedo y terror en la población y los propietarios de las empresas, para tener un beneficio económico”. “En el delito de extorsión –agrega– se estaría introduciendo la prueba anticipada, que consiste en que la declaración de la víctima se dé al inicio del juicio, y que después no estén citando al ofendido para que vaya a declarar a los juzgados, ya que eso provoca que la gente, por miedo, no se presente a las audiencias y se deje libre al extorsionador”.
Se supo, además, que para analizar estas reformas “se conformará una comisión especial de técnicos, integrada por los órganos de seguridad del Estado y diputados que acompañarán al presidente del Congreso Nacional”. Ojalá haya profesionales que posean conocimiento actualizado del Derecho, para que eso no vaya a quedar a la inspiración impulsiva o al improvisado criterio de los que en otras ocasiones han metido la mano –en ignorancia completa de la armonía que debe guardar la ley– redactando artículos que asemejan una enredada telaraña. Como aquí no hay pena de muerte, hasta donde puede llegar el legislador es a endurecer las penas existentes, no solo para establecer disuasivos sino para que el delito merezca un rotundo castigo. El titular del Ejecutivo ha anunciado que en reuniones con varios sectores de la nacionalidad informará sobre el alcance de estas reformas.
