El Presidente, Juan Orlando Hernández, insistió en que es necesario que el Congreso Nacional apruebe las reformas penales, porque serán un poderoso disuasivo para los criminales y pidió no esperar que ocurran “hechos dantescos” para comprender la urgencia de contar con ese instrumento.
Si se comparan las penas actuales para ciertos delitos, como la extorsión, y las que contemplan las reformas, “se van a dar cuenta que, si el Congreso Nacional cumple con aprobar la reforma, con los primeros que sean sentenciados, porque este tipo de acciones criminales se enmarcan dentro de la figura del terrorismo, va a ser un tremendo disuasivo”.
“No esperemos, por favor, a que se produzcan hechos dantescos en esas quemas de buses estando personas adentro y que Dios no quiera vayan a fallecer o en un restaurante o en una glorieta o en cualquier otro lugar de sana convivencia, en cualquier lugar que sea, o en una vivienda”.
“No esperemos a que la gente pierda la vida en eso para dimensionar de lo que son capaces estas personas” (los delincuentes), señaló.
“Estoy convencido que si ustedes (medios de comunicación) hacen el estudio, se lo plantean al pueblo hondureño, cuál es la diferencia de la ley actual y de lo que podría traer las reformas, es sin duda un poderoso disuasivo”.
“También yo quisiera recalcar que estamos buscando que no quede ningún recoveco o tecnicismo disponible para que hagan uso de la famosa figura de la preliberación”.
“Queremos cerrar esa válvula y que quien participe de estos actos criminales, que son parte del crimen organizado, no tengan opción a una preliberación”.
“Ya está por demás probado que la gran mayoría salen a delinquir y regresan a estar protegidos dentro del centro penal, porque lo protege su mismo grupo criminal”.
El Presidente Hernández expresó que vale la pena que la gente en Honduras sepa cómo sería sancionada una acción criminal en las reformas penales.
“Valdría la pena estudiar cuántos años sería la sentencia en el rango menor y en el rango mayor de acuerdo a la ley actual y de acuerdo a la reforma penal”.
“Lo que estamos haciendo aquí -enfatizó- es identificar la intención de generar terror, es decir un miedo insuperable para provocar que sea fácil llevar a cabo la acción delictiva de la extorsión o del traslado involuntario de las personas dejando sus casas que tanto les ha costado solo porque no son parte de la mara o del grupo criminal que quiere controlar ese territorio”.
SERVIDORES PÚBLICOS
Hernández ejemplificó con el caso ocurrido a finales del 2016, es el de un agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión, el capitán Mauricio Valdez Rodas, quien falleció al enfrentarse en enero pasado con dos extorsionadores en el municipio de Cofradía (Cortés), donde también resultó herido el agente, Eduard Licona.
“Los jueces no aceptan, de acuerdo a lo que interpretan de la ley en su forma literal, que si alguien amenaza no es considerado para poderlo sancionar, porque no se ha culminado o completado la entrega del dinero o de lo que buscan producto de la extorsión”, señaló.
“Entonces, estos servidores públicos, tanto el agente, como el oficial, tuvieron que formar parte de una operación que montó la Fuerza Nacional Antiextorsión, para poder ir acompañando a la víctima para hacer la entrega vigilada y así poder detener y judicializar a los responsables”, agregó.
Añadió que si estuviesen aprobadas las reformas penales estas personas no hubiesen tenido la necesidad de exponer sus vidas.
“Pongámonos en los zapatos de la gente; si recibiéramos una nota extorsiva con una bala, viendo lo que ha ocurrido en el país, ¿cómo es posible que no va a tener ningún tipo de sanción?, esas son de las cosas que tenemos que arreglar”, apuntó.
El mandatario indicó que “por eso hemos hablado que estas personas, al estar en riesgo, si acaso toman el valor van y denuncian el hecho una vez, pero si los jueces lo quieren llamar una segunda o tercera vez, ya no quieren llegar. Entonces, los abogados y los familiares los están amenazando (al denunciante) para que dejen de ir al juicio y se quede callado. Eso es impunidad”.
El titular del Ejecutivo reafirmó que respeta, pero no comparte, cómo los presidentes del Partido Anticorrupción (Pac), Salvador Nasralla, y del Partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Zelaya Rosales, “están opuestos a las reformas penales”, y defendió que los miembros de los órganos de seguridad deben estar protegidos por la ley.
“A mí me parece hasta una falta de respeto generalizar de la manera que están generalizando cuando quienes están poniendo en riesgo su vida y avanzando de manera significativa en la reducción de tasa de la violencia son los operadores de justicia”, indicó.
“Igual es el mismo fenómeno de México a Colombia pasando por Centroamérica”, añadió.
El mandatario insistió en que el narcotráfico ha sido el principal detonante de las acciones delictivas y que se generó mayor actividad de narcotráfico y paso de droga por Honduras durante ese gobierno (de Manuel Zelaya).
Presidente Hernández: Reformas serán un disuasivo para evitar actos criminales
