Por Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
La politización de la justicia en Honduras es una realidad que no admite discusiones, nadie en su sano juicio, podrá argumentar que el sistema judicial hondureño es capaz, es independiente o que con raras excepciones, los operadores de justicia actúan totalmente en apego a la ley, todo lo contrario, ya es una costumbre malévola la imposición del poder político sobre las decisiones, dictámenes y sentencias que emanan del Poder Judicial.
Lamentable es también el hecho de encontrarnos con una élite política que justifica la ilegalidad a cambio de mantener sus múltiples beneficios, esto comprueba en buena medida, que la falta de legitimidad del sistema judicial, y por ende, la crisis de gobernabilidad en el país, son producto de un estado de derecho que se distingue por estar al servicio del poder político y no a la majestad de la ley.
Que sean los políticos de turno los que dicten las pautas del rumbo que debe seguir la justicia, es un enorme retroceso que ha hecho caer al país en el autoritarismo gubernamental, en perjuicio del principio de independencia judicial y que como consecuencia ha debilitado a todo el sistema democrático.
Son los políticos, y particularmente aquellos a quienes el pueblo les ha dado el privilegio de gobernar, los primeros obligados a someterse al imperio de la ley, ya no es posible seguir justificando las irregularidades cometidas desde el poder, bajo el vago argumento de “robó, pero dejó robar” o “robó, pero al menos hizo obras”, nada más absurdo que aceptar que se violente la ley porque de todos modos, “otros ya lo hicieron antes”.
En lugar de la politización de la justicia, lo adecuado sería, judicializar la política, obligando a la ejecución ética del poder, exigiendo el estricto respeto a los principios constitucionales y la permanente rendición de cuentas bajo la obligatoriedad de ser requeridos y castigados si se hace uso indebido de los recursos del Estado o se abusa del poder temporal otorgado.
La judicialización de la política abre el camino de la transparencia y permite detectar los abusos de gran escala, y otros delitos cometidos desde el ejercicio del poder como en el caso de la corrupción pública, visible para unos, perceptible para otros, pero en la mayoría de los casos invisible e intocable para la ley.
Naciones con graves problemas de pobreza y desigualdad como Guatemala y El Salvador, son grandes ejemplos de una revolución que llevó al funcionamiento independiente de sus sistemas judiciales, ambos obligados por el rechazo social a las abusivas ejecutorias de gobiernos corruptos, autoritarios e irrespetuosos de la ley y del mandato popular.
Judicializar la política es imperativo para erradicar el flagelo de la corrupción, un sistema judicial sólido e independiente es la única vía para limitar el camino de quienes han visto en la política un medio fácil de enriquecimiento, de acceso al poder, de tráfico de influencia, el rechazo social a la clase política y la insatisfacción ciudadana con ejecutorias ilegales, debe ser motivo suficiente para cambiar la politización de la justicia, por la judicialización de la política.
@aldoro/[email protected]