La representante de la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Soledad Pazo, advirtió graves consecuencias para los periodistas, que podrían ser criminalizados mediante la aplicación del artículo 335-B adicionado, mediante la reconsideración al acta, a las reformas penales, aprobadas el miércoles por el Congreso Nacional.
“Considera que las medidas que se han tomado no van en la dirección propuesta, no son las más efectivas para control el fenómeno de violencia que surge de las maras y pandillas, y además tendrán impactos negativos importantes en el respecto y ejercicio de los derechos humanos.
La Oficina ha alertado en varias ocasiones a las autoridades sobre estos puntos, y lamentamos mucho que no se hayan tomado en cuenta.
Precisa que otros países como Honduras, “han tomado caminos diferentes. En esos países se ha fortalecido la represión de la criminada organizada, a través de marcos normativos idóneos, fortaleciendo la investigación, fiscalización y procesamiento de los crímenes”.
“La propuesta de la MACCIH de introducir la figura de la colaboración eficaz es un ejemplo, esta es una iniciativa útil. Sin embargo, no sirve de nada plantearles a los criminales el riesgo de condenas a 50 años cuando el problema fundamental de Honduras, y que todos conocemos, son los niveles de impunidad que existen en el país. Me parece que hace años que se vienen haciendo reformas endureciendo las penas, sin que estas medidas tengan impacto”, precisa la representante.
Señala que “la reforma califica como terroristas acciones delictivas que no tienen el nivel de gravedad, ni la intención que las haría efectivamente acciones terroristas, de acuerdo con los estándares internacionales”.
“Hablar de esta última adición sobre apología e incitación de actos de terrorismo. El derecho internacional prohíbe incitación al terrorismo. El tema acá es que con esta noción de terrorismo que hemos introducido que incluye actos de naturaleza no terrorista con fines no terrorista, las consecuencias son graves para la libertad de expresión. Podríamos caer en una situación de criminalización de periodistas, de autocensura, lo cual es muy riesgoso para el estado democrático”, señala.
Agrega que “este articulo 335b tengo la preocupación que pueda ser utilizado para perseguir a un periodista que hable en defensa de gente acusada de delitos terroristas en la reforma. Fíjense en cómo está redactado el tipo penal: «Justificación del delito de terrorismo» que significa que si un periodista escribe o informa defendiendo gente que ha sido acusada como terrorista por actos cometidos durante una protesta podría ser acusado de apología e incitación de actos de terrorismo”.
Señala que “la norma base (335) está redactada con muchas falencias desde el punto de vista de redacción y de comprensión sobre la naturaleza del delito de terrorismo. Entonces lógicamente, normas derivadas como la 335 b son igualmente defectuosas, problemáticas e incompatibles con el derecho internacional”.
En conclusión, Soledad Pazo afirma que “estas normas no van a resultar en mejorar, reducir la violencia que afecta a los ciudadanos, no son las medidas que se requieren para combatir maras y pandillas, como ya hemos explicado”.
“Además—prosigue– pueden ser utilizadas tácticamente para criminalizar a gente como terroristas con las consecuencias de estigmatizarlos de una manera permanente. Este marco débil es erróneo y tiene el efecto de criminalizar otras personas que cometen delitos de limitado valor criminal como si fueran terroristas”.
“Por otra parte, partiendo de una norma débil que carece de legalidad, que perjudica gravemente la seguridad jurídica (esto es, que el ciudadano pueda saber los límites de lo que está permitido y lo prohibido), el 335 b que fue introducido después de la sesión, también sufre de los mismos vicios del articulo madre”.
Precisa que “Las posibles consecuencias son que cualquier periodista o persona que habla o defiende a estas personas acusadas como terroristas bajo esta ley por haber cometido actos intrínsecamente no terroristas puede ser acusado y juzgado por apología de terrorista. No pueden comentar, ni analizar, nosotros tampoco podríamos decir nada, como alto comisionado lo cual es preocupante y grave”.
