Por: Benjamín Santos
Estamos en plena campaña para las elecciones primarias. La vorágine zarandeó el tema de las reformas penales enviadas por el Ejecutivo al Congreso Nacional. Buena parte del debate fue pura publicidad a favor o en contra. Como se podía prever, la oposición perdió la batalla. La gente común ve las cosas en blanco y negro. El gobierno dejó la imagen que quiere combatir la delincuencia y que la oposición no tiene interés en este asunto. No digo que esto sea verdad, digo que es la percepción que quedó de parte del pueblo que no entiende de matices y que en su cultura de fondo represivo llega a desear que los delincuentes sean si es posible eliminados del mapa. Ya se verá si el efecto disuasivo que se espera se produce, es decir si la delincuencia baja por miedo a las medidas que elevan las penas especialmente las relacionadas con el terrorismo. Si esto no ocurre la situación seguirá igual o peor, pese a las buenas intenciones del gobierno y al apoyo de la población. Uno de los riesgos es que la venganza sustituya a la administración de la justicia por el sistema judicial y ya se están dando casos por el ajusticiamiento de delincuentes por los ofendidos.
Las causas de la delincuencia son múltiples como multicausales son todos los fenómenos sociales. Nadie sabe cuáles son las razones de fondo por las cuales los delincuentes matan todos los días. La Policía siempre dice que los hechos se deben a venganza entre pandillas. ¿Pero qué pasa con tanta gente honrada a la que matan por negarse a pagar la extorsión o a entregar su casa para centro de operaciones de la delincuencia? ¿Cómo y cuándo se van a aplicar las penas, las ya establecidas y las que están en proceso de ser publicadas en La Gaceta, si no se sabe quién o quiénes cometieron los hechos y tampoco se cuenta con las pruebas científicas, las únicas que ahora valen? El déficit sigue del lado de la investigación criminal, ese proceso complejo que lleva a identificar a los autores materiales e intelectuales de un delito para llevarlos con éxito por la Fiscalía ante los tribunales. En otros países esa labor está encomendada a equipos multidisciplinarios integrados por la gente más inteligente y que están sometidos a una continua preparación. Aquí pasa el tiempo y no podemos dar ni con los hechores y cómplices de los delitos llamados emblemáticos, es decir en los cuales han sido víctimas personalidades conocidas nacional e internacionalmente.
Quiero reconocer que se han hecho y se están haciendo esfuerzos por llenar ese vacío, pero queda mucho por hacer. Hace poco fui citado por la Dirección de Investigación Criminal por usurpación de tierras y tuve la oportunidad de entregar el escrito de mi defensa al oficial Ponce, director de esa oficina, a quien conozco desde hace varios años y a quien tengo por uno de los más estudiosos del tema al punto que me entregó un libro de su autoría sobre investigación criminal. Mi escrito se concretaba a demostrar que la persona a quien se citó no era yo ya que coincidía solo el nombre, pero no los apellidos, ni la tarjeta de identidad, ni los hechos denunciados. Y la foto que me mostró la persona que recibió y tramitó la denuncia, de limitadísimas capacidades, tampoco soy yo. Fue un error de quienes interpusieron la denuncia quienes después me pidieron disculpas. Era un caso sencillo, pero me pongo a pensar si el hecho delictivo denunciado hubiera sido un homicidio en cuyo caso no hay citaciones, sino órdenes de captura. Espero que esta haya sido una excepción.
¿Cómo se puede capturar, enjuiciar y sentenciar a un delincuente si lo único que se tiene es la descripción de la escena del delito que siempre se levanta, pero no se tiene la investigación confiable ni las pruebas que son las que valen al momento de emitir una sentencia? El Código Penal lo que contiene es una lista de delitos, su tipificación y las penas previstas, todo lo demás es producto del proceso donde hay parte defensora y parte acusadora. Frente a esta situación que creemos seguirá mejorando, aunque no sea fácil, solo quedan las medidas de prevención por parte de toda la población y de las autoridades. El primer responsable de su propia seguridad es el ciudadano y la primera medida en ese sentido es no exponerse innecesariamente al peligro. En cuanto a las autoridades desde hace no menos de 15 años se viene hablando de complementar el patrullaje con la Policía Comunitaria, pero no se ha avanzado mucho. Investigación y prevención.
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