José Víctor Agüero Aguilar
Si hay algo que resiente el pueblo hondureño es mayor contundencia en la aplicación de la ley por parte de los entes operadores de justicia. La corrupción y la impunidad son flagelos que han destruido al país. Muchos servidores y exservidores públicos que han ocupado influyentes puestos dentro del engranaje gubernamental, se han enriquecido de forma ilícita acentuando las condiciones de extrema pobreza en que vive la mayoría de la población, sin que reciban el castigo correspondiente.
Nadie puede desconocer que la integración de los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la elección del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP), han sido seriamente cuestionados por la población en general que ve con recelo cómo entidades claves en la impartición de justicia, ha predominado más los intereses políticos y las influencias de los grupos de poder que aplicar la ley como se debe.
Dentro del asfixiante ambiente de corrupción que priva en el país y en donde se han visto involucrados un sinnúmero de funcionarios públicos, lo que ha prevalecido en la mayoría de los casos es la impunidad, poniendo en entredicho la credibilidad de los operadores de justicia.
Para enfrentar este flagelo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó entre el 2014 al 2016 un total de 59 líneas de investigación, por supuestos actos de corrupción identificándose un perjuicio en contra del Estado de aproximadamente tres mil millones de lempiras.
A pesar que el CNA ha documentado cada uno de estos expedientes investigativos apenas 10 casos han sido judicializados, el tiempo avanza y el pueblo hondureño se pregunta hasta cuándo podrán ver en la cárcel a todos aquellos colaboradores públicos, que han robado a manos llenas dineros sagrados del pueblo.
Por ejemplo, el Consejo denunció en 2016 a un total de 11 corporaciones municipales identificándose un perjuicio que supera los 66 millones de lempiras, este es un ejemplo concreto de los muchos casos que duermen el sueño de los justos tanto en el MP como en el TSC, las pruebas categóricas aportadas por el CNA tienen la suficiente carga probatoria para que terminen en sentencias condenatorias.
Los entes operadores de justicia no pueden seguir postergando decisiones cruciales que culminen con la privación de libertad a todas aquellas personas que haciendo uso del poder se han dado a la tarea de robar impunemente, el pueblo hondureño exige no más impunidad ni componendas para favorecer a delincuentes de cuello blanco, se trata de aplicar la justicia en su justa dimensión.
Las denuncias que el CNA ha presentado en contra de servidores edilicios de: El Porvenir, San Antonio de Oriente y Ojojona, en Francisco Morazán, El Progreso, Yoro, Tela, Atlántida, San Lorenzo, Valle, La Libertad, Comayagua, Morocelí y Potrerillos en El Paraíso, San Isidro, Intibucá y Guajiquiro, La Paz, merecen ser tomados en cuenta y recibir una respuesta pronta y oportuna en contra de los corruptos y corruptas que han laborado o siguen trabajando por desgracia en estos gobiernos municipales.
