La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) nunca se interesó en hacer públicos los contratos adjudicados a “Los Cachiros”, pese a las exigencias del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
LA TRIBUNA junto al comisionado del IAIP, Gustavo Manzanares, buscó en el portal único de transparencia donde aparecen todas las instituciones del gobierno, solo los contratos dados a las empresas de los hermanos Rivera Maradiaga, sospechosamente no se encontraron por ningún lado.
El portal único de transparencia fue creado por el IAIP en el 2015, pero se instruyó a todas las instituciones del Estado que transfirieran la información de sus administraciones desde el año 2011 al 2015 y a casi dos años, solo lo de Soptravi no aparece.
“De lo que acabo de abrir en el portal, en ese momento, 2012- 2013, la institución se denominaba Soptravi y no tengo registro en el portal único de la existencia de Soptravi, y es a partir del 9 de diciembre del 2015 que tenemos el primer cuadro de licitaciones y compras, pero de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep)”, explicó.
Manzanares refirió que en ese momento hubo incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero como el instituto estaba en proceso de crecimiento, lo que evaluaba era si existía o no información, por lo cual se tendría que analizar el reporte que hacia Soptravi en ese entonces.
Sin embargo, la falta de los contratos en los portales de transparencia genera sospecha, ya que el funcionario aseguró que “le puedo decir que en otras instituciones esa información sí se encuentra”.
Ejemplificó buscando en la base de datos los procesos del Banco Central de Honduras (BCH) en la sección de Licitaciones y Compras, comprobando que el 28 de diciembre del 2015 subieron las compras que hicieron en enero del 2012.
Manzanares explicó que la ley establece sanciones directas al titular de la institución que no hizo pública esa información. De momento se está verificando qué documentos no existen, para presentar un informe y en base a los resultados que se obtengan se programarán audiencias de sanciones o conciliación, como sucede con otros entes del Estado.