La fiscalía de El Salvador acusó este miércoles al prominente empresario José Adán Salazar Umaña de lavar 215 millones de dólares, en una investigación que salpica al vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz.
«De toda la masa examinada financieramente, que podrían ser centenares de millones, hemos determinado que 215.167.786 dólares no están justificados verdaderamente en las operaciones normales y regulares de estas empresas» de Salazar, declaró el fiscal general Douglas Meléndez en rueda de prensa.
Salazar, apodado «Chepe Diablo», quien posee grandes inversiones en el sector hotelero y de bienes raíces, fue detenido el martes junto a otros tres acusados de integrar una estructura de lavado de dinero por medio de 26 sociedades, muchas de ellas usadas como fachada para ingresar fondos al sistema financiero.
Otras cinco personas son buscadas en relación con la estructura.
Sobre la posible vinculación de Ortiz en el caso, Meléndez señaló que la fiscalía encontró «transacciones sobre tres inmuebles que al final fueron propiedad o quedaron en propiedad del señor vicepresidente».
Ortiz fue socio de Salazar en la empresa Desarrollos Montecristo, una de las decenas de compañíass con participación del detenido empresario, que fue fundada el año 2000 y al no registrar operaciones fue declarada inactiva.
El vicepresidente rechazó la vinculación señalando: «no tengo ni sociedad ni negocios con nadie, ni en términos de persona ni como funcionario», según lo citó el Diario de Hoy.
Según el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez, Salazar figuraba como «el patriarca» de la organización familiar considerada como «una de las más fuertes» del país en materia de «legitimación de capitales».
Cortez aseguró que Salazar «está considerado dentro de la lista de personas vinculadas a actividades de narcotráfico emitidas por las autoridades de Estados Unidos».
La fiscalía vinculó en el blanqueo de capitales a la exesposa de Salazar, Sara Paz Martínez, a su hijo José Adán Salazar Martínez, a su hija Susana Noemí Salazar (detenida), así como al alcalde de la ciudad occidental de Metapán, Juan Umaña Samayoa, entre otros.
Como medidas cautelares, la fiscalía asumió la administración de los bienes de los detenidos, entre los que figuran residencias de lujo, hoteles, vehículos, gasolineras y farmacias. (AFP).