En los juzgados de San Pedro Sula se realizó ayer jueves la audiencia de imputados contra la exjefa de Control e Ingresos de la alcaldía, Ada Esperanza Muñoz, luego que el Ministerio Público (MP) presentara requerimiento en su contra por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Se trata de la segunda causa criminal en contra de Muñoz Torres, a quien se le supone responsable de la comisión de los delitos antes mencionados.
Cabe destacar que Muñoz enfrenta un primer proceso y una condena definitiva de siete años de reclusión por el delito de fraude.
Además, por este mismo proceso fueron presentados otros tres exfuncionarios de la municipalidad, capturados anteayer mediante órdenes de captura ejecutadas por personal de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
En ese sentido, la FETCCOP, presentó requerimiento en contra del exjefe de Desarrollo del Área de Informática, Jorge Alberto Portillo, a quien se le imputó el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
De igual forma, a la exauditora, Gloria Yolani Cerros, acusada de violación a los deberes de los funcionarios y al Programador del Sistema del Área de Informática, Erick Ulises Rojas Gonzales, señalado por los delitos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y daños.
Tras la audiencia, el juez que conoció el caso, otorgó una medida cautelar distinta a la prisión a Portillo Aguilar, Yolani Cerros y Rojas Gonzales.
También les ordenó presentarse una vez al mes ante la secretaría del Juzgado y la prohibición de salir del país sin autorización previa.
Mientras que, en el caso de Muñoz no le impuso ninguna medida por la situación jurídica de ella, ya que cumple una condena en el Centro Penal.
La audiencia inicial fue programada para el 24 de este mes, a las 9:00 de la mañana.
De acuerdo a la investigación de la FETCCOP y agentes asignados al Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, se establece que del 2007 a 2010, el sistema de cobro de impuestos de industria, comercio y servicios, bienes inmuebles, impuesto personal y servicios públicos se realizaban a través de las ventanillas ubicadas en el área de Tesorería.
Sin embargo, con ese proceso de recaudación se comenzó a dar una serie de irregularidades, a través de los cajeros municipales, por lo que se acordó que el cobro solo se efectuaría en los bancos.
La investigación señala que, en el 2013, los contribuyentes que habían pagado sus tributos puntualmente, hicieron reclamos, porque les llegaron notificaciones que tenían una deuda con la municipalidad.
Aún así los reclamos de los contribuyentes no prosperaron, puesto que eran atendidos por Muñoz y por Aguirre Paz, quienes les entregaban recibos de Permiso de Operación, haciéndoles creer que todo estaba solucionado, al tiempo que el mismo acusado de su puño y letra les ponía “esto se va a arreglar”, aunque la deuda quedara vigente en el sistema electrónico.
Una vez que esos funcionarios estaban afuera de sus puestos, se procedió a atender dichos reclamos por la Superintendencia Económica de la municipalidad y debido a los múltiples reclamos, se nombró una comisión verificadora que constató que dichas irregularidades se cometieron desde hace varios años, específicamente desde los departamentos de Control de Ingresos, Tesorería e Informática, donde estaban asignados cada uno de los acusados.
Luego de la auditoría forense practicada por los peritos de la FETCCOP, se logró determinar que el monto del dinero malversado por los cajeros municipales y demás personal acusado, asciende a 92 millones 639 mil 17 lempiras con 29 centavos; a este caso se le conoce como «borrones en alcaldía municipal de San Pedro Sula».
