A unos 60 kilómetros de Tegucigalpa, en la comunidad de Jalteva, municipio de Cedros, al norte de Francisco Morazán, se construye el nuevo centro pedagógico para menores infractores, que según las especificaciones dadas por las autoridades, será como un “pocito”, ya que reunirá estrictos controles, como la cárcel de máxima seguridad de “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara.
Un equipo periodístico de LA TRIBUNA llegó hasta el punto de construcción, constatando que la edificación se hace a la par de Jalteva, el único centro para menores que, pese al descuido de las autoridades, brinda en la medida de lo posible, oportunidades de reinserción social.
Un extenso cerco perimetral de lámina de zinc a la orilla de la calle polvorienta que conduce a la aldea de El Tablón, se instaló desde febrero, impidiendo que los lugareños se den cuenta de qué están edificando en ese sitio.
El trabajo se realiza bajo la mayor discrecionalidad posible; en la parte frontal está un portón de láminas, asegurado con una cadena y candados; adentro permanece un guardia de seguridad de una empresa privada.
Al tocar la estructura, por una hendidura se asoma el celador, preguntando: ¿Qué desean?, después de una corta explicación, dijo que el ingeniero no se encontraba y que los trabajadores no podían hablar.
Cuando accedió a abrir parte del acceso principal, se pudo observar a una decena de hombres trabajando en la etapa de marcación y excavación del terreno, casi listo para comenzar la etapa de mampostería.
En medio del amplio terreno están edificadas dos bodegas y varios árboles de mango, formando un sendero para llegar al punto donde se harán las celdas y los talleres. Después de unos segundos, el guardia colaboró al llamar al encargado de la obra, quien le contestó que estaba prohibido el acceso.
Advertido el celador, únicamente comentó que en el lugar se está haciendo una ampliación del centro pedagógico de Jalteva, mientras adentro los obreros se desplazan de un lado hacia otro con sus herramientas al hombro.
“POCITO”
El arranque de la construcción de este centro para menores infractores, va de la mano con el debate sobre la reducción de la edad punible que propuso el Presidente, Juan Orlando Hernández, la semana pasada.
La iniciativa, que es consensuada por el ministro coordinador del gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, con varios sectores sociales, provocó que algunas organizaciones defensoras de los derechos de niños creyeran que la intención del gobierno era condenar a los menores y mandarlos a cárceles de adultos.
En su discurso, el mandatario afirmó que es necesario revisar a profundidad el funcionamiento de los centros para menores infractores y crear una estructura institucional y carcelaria que no permita perder a todos aquellos jóvenes que pueden reinsertarse a la sociedad.
Los centros de El Carmen, en San Pedro Sula; y Renaciendo, en Támara, Distrito Central, han sido una bomba de tiempo debido a la ingobernabilidad que impera en ellos, porque las maras y pandillas tiene el control, amparados en los tratados y leyes de Derechos Humanos que los protegen.
Con la intención de tener un mejor control, el gobierno creó un comité interinstitucional, coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Social (Sedis), desligándolos de la Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), pero las matanzas y fugas ya se volvieron cotidianas.
CONSTRUCCIÓN
El viceministro de la Secretaría de Seguridad, Luis Suazo, confirmó que la construcción del centro de internamiento para menores infractores ya está en curso y de momento ya se pagaron 26 millones de lempiras a la compañía que ejecuta el proyecto.
La obra tendrá un costo total de 14 millones de dólares, es decir, más de 320 millones de lempiras, porque contará con todos los requerimientos necesarios para asegurar el resguardo de los jóvenes.
Según el funcionario, la inversión de Jalteva será mucho más grande que la cárcel de máxima seguridad de “El Pozo”, en Ilama, Santa Bárbara, adonde están enviando a los criminales considerados más peligrosos.
El centro de reclusión contará con un sistema de segregación, especificó, para que los menores sean separados de acuerdo a las edades, sexo y delitos que hayan cometido, esto para evitar que aprendan a delinquir o se “especialicen” en estos lugares.
Suazo expresó que “entendemos que muchos de estos niños empiezan a integrar maras, por ello, en el diseño hemos considerado todo eso, para poder hacer la separación y el manejo”.
El presupuesto incluye todo el equipamiento, para que el centro pueda permitir el proceso de rehabilitación y reinserción, ya que los diferentes módulos tendrán sus aulas de clases y espacios abiertos.
El funcionario reveló que todos los muchachos que están en Renaciendo van a pasar para Jalteva, donde habrá un mayor control, con mejores condiciones de seguridad, para evitar las fugas y los constantes amotinamientos.
Para las autoridades, el centro es necesario, porque si no se tienen las capacidades para la custodia y reinserción de los menores, difícilmente se podrá tratar el tema de la edad punible, debido a que no los pueden llevar a las cárceles de adultos.
| ORLE SOLÍS: Centros no reúnen las condiciones |
 El comisionado presidente del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (Conaprev), Orle Solís, consideró que los actuales centros pedagógicos no reúnen las condiciones para albergar a los menores infractores y se urge de nuevos, pero en varias regiones del país.
El centro pedagógico El Carmen, de San Pedro Sula, en este momento tiene una población de 124 menores; Renaciendo cuenta con 223, Jalteva alberga alrededor de 73, el Sagrado Corazón o “Casitas 21”, que es donde están las muchachas, tiene una población de 60 y el Centro Especial de Los Cobras resguarda a 55, es decir, que hay más de 500 infractores privados de libertad. “Todos estos centros no tienen la infraestructura ni las herramientas pedagógicas que se necesitan para la reinserción de los menores infractores, lo que significa que no estamos preparados en este momento para continuar albergando a más jóvenes”, precisó. Comparó que la semana pasada se fugaron 10 muchachos de Renaciendo, en Támara, además, están mal ubicados; para el caso, Renaciendo se encuentra en medio de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y el Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT). Mientras que El Carmen, en San Pedro Sula, está en medio de varias colonias que se han poblado con el paso de los años y no reúnen la capacidad necesaria para albergar a los menores de edad. Igual pasa en “Casitas 21” donde están las menores infractoras. Para Solís, si el gobierno construye centros para menores infractores, estos deben reunir todas las características pedagógicas y hacerlos en varias regiones del país, porque los muchachos llegan de todos los departamentos, no solo del área central. |
| SOCIEDAD CIVIL: Es inadmisible que estén en condiciones inhumanas |
 El dirigente de la sociedad civil, Omar Rivera, señaló que los centros de internamiento de menores en conflicto con la ley carecen de instalaciones adecuadas y seguras para el alojamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ya que impera el hacinamiento y no hay provisión adecuada de alimentos.
“Estas correccionales no cuentan con servicios especializados de salud y asistencia médica adecuada y de programas de estudio y entretenimiento”, expresó, Rivera, al tiempo de lamentar que la cobertura es limitada para atender la demanda de atención integral a los menores infractores. “Se deben tomar decisiones trascendentales, ya que el Estado corre el riesgo de seguir siendo denunciado como violador de derechos humanos si no recupera la gobernabilidad de estos centros, mejora la atención a los internos y la seguridad de los mismos, y garantiza la rehabilitación y reinserción en la sociedad”, consideró. Indicó que la acción de persecución penal a los menores es pertinente, pero también se deben garantizar las condiciones mínimas de atención integral, que incluye programas de prevención de la violencia en barrios denominados “calientes” y centros de internamiento que funcionen de acuerdo a estándares internacionales.
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| DATOS |
| El Código de la Niñez, establece que una persona es considerada como niño, desde que nace hasta los 18 años, y que se puede proceder contra un menor infractor hasta que cumpla los 12 años. Tampoco puede exceder la pena de ocho años y una vez condenado el menor infractor, está facultado para cumplir su condena en el centro de menores hasta cumplir los 23 años de edad. |