El caos del Instituto de la Propiedad

Por Óscar Lanza Rosales
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En un día de la semana anterior, el programa televisivo Frente AFrente tuvo como tema la presentación de los resultados de un estudio realizado por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) que representa el capítulo de Honduras de Transparencia Internacional, en la que se concluye que el Instituto de la Propiedad (IP) en su segunda medición en el presente año del Índice de Desempeño y Transparencia ha mejorado considerablemente de 19% global que tenía en el 2014-2015, a 69% que tiene en la actualidad.

Participó en este programa el licenciado Ebal Díaz, que fue el interventor principal que designó el Presidente Hernández en el 2015, cuando se denunciaron un sin número de problemas de corrupción en el IP, que venían desde gobiernos anteriores, pero que se magnificaron en el gobierno de Porfirio Lobo.

La presentación estuvo muy interesante. Explicaron que el Índice de Desempeño y Transparencia del IP es una herramienta que ayuda a determinar en qué medida el IP está garantizando el derecho a la tierra, como una manera de brindar seguridad jurídica para ofrecer un mejor nivel de vida a la población.

El Índice contempla 10 indicadores, entre otros: Transparencia en la gestión administrativa y financiera, productividad del personal y con relación al presupuesto, nivel de satisfacción de los usuarios, gestión del recurso humano y las tecnologías de la información, para darle seguimiento de los avances hacia la eficiencia, eficacia y transparencia que persigue como objetivos el IP, como institución rectora del sistema de administración de la tierra en Honduras.

Entre los nuevos hallazgos figura la emisión de 10,005 títulos de propiedad frente a 5,500 títulos de la medición anterior, la implementación del Sistema Péntagon y la elaboración de 14 manuales.

Mencionaron que el proceso de auditoría realizado por ASJ ha sido acompañado por la Veeduría Internacional del Instituto de la Propiedad (VIIP), conformada por un grupo de cinco prestigiosos abogados norteamericanos.

Las explicaciones estuvieron muy bien, pero donde comenzaron a flaquear los expositores, es cuando el periodista Álvarez abrió los teléfonos al público a nivelnacional. Ahí es cuando se armó la de troya, sobre todo las llamadas procedentes de Santa Rosa de Copán e Islas de la Bahía, donde daban a entender que el IP en esos lugares eran un desorden, donde persisten los conflictos e irregularidades en el registro de tierras, que son oficinas de activistas políticos, susceptibles a la corrupción, apreciaciones contrarias a las que estaban expresando los expositores.

Los televidentes como su servidor, vimos la cara de preocupación del presentador, y el rostro desencajado de los expositores ante las quejas de los vecinos de los lugares antes mencionados.

Yo, al igual que muchos hondureños estábamos sorprendidos del optimismo de los resultados de este informe de ASJ, en la que se declaraba que el IP había tenido una mejora significativa del 2015 a la fecha. Nos preguntábamos: ¿Cómo es posible corregir en tan poco tiempo la gran corrupción denunciada en el IP, por los diferentes medios de comunicación en el 2014 y 2015? Corrupción en la falsificación de firmas, privatización de terrenos ejidales, pérdida de expedientes, sustracción y adulteración de folios, extensión y registro de títulos otorgados en forma fraudulenta, manipulación del sistema informático, cambio de claves y nomenclaturas y cobro de dinero para agilizar trámites. Siendo Valle, Cortés, Islas de la Bahía, La Ceiba y el Distrito Central, los departamentos y ciudades más denunciadas de estas irregularidades.

Considero casi imposible rescatar al IP de la politización, del desorden y su alarmante corrupción. Una institución cuyo trabajo está totalmente contaminado. ¿Cómo saber qué es lo que está bueno, y qué es lo que está malo? y que no se resuelve con una mejor atención al público. Lo que cabe es una reingeniería total, volver a comenzar casi de cero. Olvidarse de los dos mil millones que el Estado ha invertido a base de préstamos para tecnificarlo, y olvidarse del prestigio con que nació el Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP), como el sistema de información más innovador de América Latina. Y lo que hay que lamentar es que el Presidente Hernández haya designado a Ebal Díaz para resolver los problemas del IP, un funcionario muy ocupado, con múltiples sombreros, un pulpo, cuando lo que se requiere es un funcionario de primer nivel a tiempo completo para ayudar al IP a salir de su crisis. Lo que está en evidencia es que el IP continúa siendo un dolor de cabeza en la seguridad jurídica del país.