¿Sabía usted amigo lector que solamente el 5% de los casos judicializados llegan a una condena en Honduras?; actualmente, con la inserción del juicio oral y público, prevalece la prueba testifical sobre la científica. Los aficionados a las series televisivas norteamericanas se azoraran más, debido a que en la investigación de la escena del crimen (CSI) se aplican todos los recursos legales, tecnológicos y económicos para proteger a los ciudadanos inocentes para que no pierdan su libertad productiva y no pasen días, meses y hasta años peleando contra una injusticia jurídica.
En este momento es apropiado reflexionar sobre la falta de oportunidades que existe en el país, tampoco se le ocurra pensar que por estar pobre se justificará robar, asaltar y matar, pero describe parte de la complejidad del problema y que no es atacado desde sus raíces.
Educacionalmente no se articula la oferta con la demanda, porque carreras sin futuro son impartidas masivamente sin cambiar temarios y exámenes, famosos son los exámenes universitarios; con los programas Excel y Proyect ¿para qué necesito un perito mercantil sin experiencia?; y a los viejos que sí tienen la experiencia, se les quiere pagar una miseria o por regla general, ni siquiera se les considera para una oportunidad laboral.
¿Será que en Honduras el problema fundamental es la impunidad? La actualidad indica que se calificarán crímenes que no son de la gravedad penal necesaria como “terrorismo”; lo cual indica que la reforma legislativa no fue lo suficientemente madurada, ni consultada con los permanentemente agraviados y las instituciones que los representan. La susodicha reforma ha expandido el ámbito de aplicación de la ley, los actos criminales serán tomados como terrorismo, siendo una definición vaga, imprecisa, lo que la convierte en una norma peligrosa para el ejercicio de los verdaderos derechos humanos, porque ni por su naturaleza, ni por el fin, son actos de terrorismo, pero igual se calificaran como tales.
Da la impresión que hay falta de visibilidad y transparencia en el Congreso Nacional. Escuchaba a una excandidata presidencial cuestionar esta acción de legislar contra todo lo que es noticia, otro aspecto de la inconsulta y acelerada emisión legislativa impuesta artificiosamente. Por otro lado, usted cree que cuando el delincuente o sicario va a delinquir ¿anda con el Código Penal debajo del brazo? o ¿piensa y calcula en la pena carcelaria que le corresponderá? ¡No y no!, claro que no.
No se cambia el origen y causas de la acción cometida con una ley de coerción; por supuesto que no, le pagan, lo invierte, lo gasta o lo derrocha y vuelve a delinquir. La seguridad no está en la ley, está en el poder coercitivo de las fuerzas del orden, iniciando con la investigación científica y que el gobierno en general trabaje mitigando la problemática que lleva a estas personas a organizarse para delinquir. Pero con una actitud nacional honesta, honrada, dedicada a crear y mejorar oportunidades para la población en general; así es como un país se desarrolla. No deben solamente reaccionar, también deben incluir la prevención y la disuasión. (¿Policía comunitaria?).
Óscar Orlando Bonilla Landa Blanco
Paseo al Picacho, Tegucigalpa
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