La Misión de Lucha Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, (MACCIH) envió al poder legislativo el anteproyecto de Ley de Colaboración Eficaz, en la que se pretende potenciar y adecuar la figura como una herramienta de investigación judicial, para lograr una persecución eficaz de las nuevas estructuras del crimen organizado y de la corrupción.
En esta ley se contempla la creación de la figura denominada “colaborador eficaz”, es decir cuando un implicado en un delito ya sea como autor o como cómplice, proporcione información de quienes fueron los participantes y la forma como se actuó, a cambio de que pueda gozar de una reducción de la pena.
Algunos analistas señalan que se debe tener mucho cuidado en no caer en una “cacería de brujas”, porque mucha gente para sentirse protegida puede dar falsos testimonios dañando así la reputación e imagen de ciudadanos o de empresas.
El abogado Raúl Pineda, dijo que “esto debe ser manejado con muchísimo cuidado para evitar los famosos falsos positivos y para evitar ese envilecimiento que se da dentro del proceso penal cuando ante la imposibilidad de investigar con certeza, tenemos que acudir a los antisociales para que nos brinden pruebas de los crímenes en que ellos mismos han participado”.
Agregó además que el sistema de justicia hondureño no está apto para llevar a cabo este procedimiento, por lo que recomienda que sea utilizado en casos estrictamente necesarios y de alto impacto.
Por su parte, el exfiscal Jari Dixon, dijo que “hay que tener mucho cuidado con esto, porque de lo contrario, alguien dice, mire, quien me pagó fue fulano de tal, hay que ir a capturarlo y de repente no tiene nada que ver”.
Mientras algunos congresistas, como Rafael Alegría, manifiestan que cuando llegue el momento de discutir este documento, ellos tratarán que se lleve a cabo un debate sobre el mismo, de una manera amplia y participativa.
Todas estas cosas deben de dársele el debate necesario y es lo que no ocurre en el Congreso.
Varios sectores piden a la MACCIH que se consensue antes una ley de esta naturaleza, para evitar que la ley se aplique dañando la imagen de personas o empresas a costa de reducción de penas.