Internos en correccionales ya son adultos

En Honduras se desconoce a ciencia cierta cuántos años de edad tienen todos los privados de libertad, sean estos adultos o menores infractores en centros de internamiento, como tampoco se puede asegurar la procedencia del total de esa población, ocupaciones, escolaridad, situación médica (enfermedades), estado civil y apenas se conocen las causa por las cuales están bajo custodia del Estado.

En junio pasado, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), informó que se había solicitado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que al igual que habían comenzado el proyecto piloto de identificación para un Banco Médico Legal en las cárceles de La Esperanza, Intibucá y “El Pozo I”, en Ilama, Santa Bárbara, incluyeran a la población de menores infractores  de la ley en los cinco centros de internamiento: Renaciendo, “Cobras” (extensión de Renaciendo en el recinto policial), Jalteva, El Carmen y Sagrado Corazón.

El trabajo se inició en Renaciendo, en la aldea de Támara, Distrito Central, pero días después tuvo que ser suspendido cuando los internos de la pandilla 18 se rehusaron a ingresar a las clínicas médicas y pidieron una “negociación” con autoridades del recinto, hasta el punto de condicionar qué tipo de exámenes médicos querían y que les quitaran cualquier clase de vigilancia y abrieran portones.

Se conoció que son decenas de muchachos que ya han pasado la edad de 18 años, incluso muchos temen ser trasladados a las cárceles de máxima seguridad, sin saber que la ley les ampara en el sentido que si cometieron la infracción cuando eran menores de edad, deben cumplir la sanción en el recinto para menores.

A LOS PRESIDIOS

Pero existen casos que hay menores que fueron trasladados a centros correccionales a unos meses antes de cumplir la mayoría de edad (18 años) y por faltas o delitos graves como violación, homicidios, portación ilegal de armas, entre otros. Estos sí serían trasladados a otros recintos penitenciarios o presidios para cumplir las condenas, pero a la fecha se desconocen sus verdaderas identidades y edades verificables con el Registro Nacional de las Personas (RNP) o mediante métodos médicos-científicos, por estar estancado el proceso ante la falta de reacción de las autoridades respectivas.

Los menores de la 18 internos en centros correccionales prácticamente han impuesto sus “leyes”.

“No deberían de seguir enviando personas privadas de libertad sin identificación, ya que esto repercute después en la institucionalidad, desde que una persona es capturada por la autoridad competente se debe investigar, no se tiene que esperar hasta que llegue a un centro de reclusión para comenzar a identificarla. Sabemos que por mandato es el Registro Nacional de las Personas, el encargado de identificar a toda la población hondureña”, consideró ayer Germán McNeil, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

No es al Instituto Nacional Penitenciario, ni a la Dirección de Medicina Forense que compete el proceso de identificación de privados de libertad, sean adultos o menores, sin embargo son acciones que se han venido ejecutando para coadyuvar en este esfuerzo de ordenamiento ante el desconocimiento con exactitud de las identidades y edades de los reclusos y las usurpaciones de identidad u omisiones de registro que se han detectado, agregó.

Se intentó comunicación con la responsable de todo el sistema de menores infractores de la Sedis, Zoila Cruz, pero no se obtuvo respuesta, solo se conoció que ella, al igual que la directora de Niñez Adolescencia y Familia (Dinaf), Lolis Salas y una comitiva de funcionarios hondureños de la Cancillería y Poder Judicial, Fiscalía y Policía Nacional, se encuentran defendiendo los avances del Estado en materia de derechos humanos frente a un Comité Especial de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza.

Si bien hay algunos menores rehabilitados y han mostrado cooperación para su ordenamiento e identificación, simpatizantes de pandillas obstaculizan los trabajos de identificación.