Con apenas L170 millones al año, en 30 meses de desempeño, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) tiene una bitácora de resultados que registra su eficacia y justifica su existencia. El problema es por dónde empezar a enumerar los logros, en el combate contra la delincuencia común y la organizada, y cómo priorizar los retos que enfrentan el Ministerio Público (MP) y su brazo investigador.
Solamente para hacer un registro de los resultados, correspondientes al 2016, se puede señalar el aseguramiento de cuentas, por un valor de dos millones 317,414 dólares y 45.1 millones de lempiras despojados al crimen organizado, incluidos entre ellos a narcotraficantes y pandilleros, que fueron golpeados con exitosas operaciones contra estos criminales.
Ese mismo año, aseguraron e incautaron 547 vehículos, 261 bienes, 475 cuentas y 54 sociedades mercantiles; 117 capturas, 359 allanamientos y 29 operativos.
Contra la corrupción, el Ministerio Público, a través de su agencia, también le entró al tema y los resultados, además de los casos ya judicializados en las cortes, donde el 99 por ciento de ellos tienen efectividad procesal. En esa tesitura, registran 117 capturas, 1,928 secuestros de documentos en instituciones públicas, 26 en inspecciones en alcaldías y 36 a instituciones públicas.
OPERACIONES DE ALTO IMPACTO
Avalancha 1 y 2 forman parte de las operaciones de alto impacto para “destartalar” el brazo financiero de la Mara Salvatrucha (MS-13), golpearon sus recursos, producto de la extorsión y el narcotráfico, detuvieron a varios cabecillas, entre ellos un comisario de la policía y, recientemente, atraparon al contador del grupo criminal.
Con la Operación Justiciero le cayeron a la banda liderada por el alcalde de San Fernando de Ocotepeque, que el MP lo tiene procesado en los tribunales por los delitos de asesinato y asociación ilícita.
Uno de los presuntos lavadores del cartel de Sinaloa, de origen argentino, cayó en la Operación Malvinas; con la Operación Jaguar detuvieron a los imputados por la muerte de la dirigente ambientalista Berta Cáceres Flores.
La Operación Coyote le cayó a una organización criminal de trata de personas y la Aguán, a los bienes de Eliel Sierra Orellana y su núcleo de hombres de confianza, que actuaban como testaferros de Los Cachiros.
A la estructura criminal de la MS-13, en la capital le aplicaron la Operación Cazador; “Mesoamérica” fue contra la estructura criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de personas; “Medusa”, a los operadores de justicia vinculados a actos de corrupción, la “Shalom” fue dirigida a un caso emblemático de corrupción, por el que fue declarado culpable de tráfico de influencias el vicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla.
Con la Operación Relevo lograron el aseguramiento de otros bienes del cartel de los Valle Valle y la captura del hijo de Luis Alonso Valle Valle, al igual que otros miembros de la organización criminal, cuyos cabecillas se entregaron a la justicia estadounidense.
“Sultan” le cayó a la organización criminal de Los Pinto, vinculados también a los Valle Valle; en la Operación Marcala detuvieron a los autores materiales e intelectuales del crimen de Lesbia Yanet Urquía Urquía.
La Operación Avalancha es uno de los planes insignes contra el crimen organizado y fue copiada en el Triángulo Norte, por la fiscalía de El Salvador, donde desarrollaron el modelo de la Operación Jaque.
CAPOS Y “TOROS”
En 30 meses de operaciones constantes, la agencia detuvo exitosamente a capos y “toros”. La decisión de crearla y darle un brazo investigativo al MP se concretó en el 2014, bajo la directriz del fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, quien nombra al primer director de ATIC, a Ricardo Castro, un investigador de dilatada trayectoria en el ámbito criminal.
El decreto 379-2013 que fue publicado en el diario oficial “La Gaceta”, le da facultades al Ministerio Público para poner en funcionamiento la Agencia de Investigación Criminal, que se encargará de indagar sobre al menos 21 delitos, así como en casos emblemáticos.
La ATIC “nació” tras la publicación del decreto y su primera promoción contó con 97 agentes, certificados por EE UU, como investigadores el 6 de enero de 2015, aunque inicia operaciones, posteriormente, el 31 de julio del mismo año, conforma su segundo grupo de 108 agentes de investigación.
Sus agentes tienen gran potencial porque el equipo está conformado por historiadores, sociólogos, ingenieros, contadores, informáticos y licenciados en otras ramas, que han sido formados para la investigación criminal. Puede asegurarse, sin menoscabar la dignidad institucional, que la ATIC va camino a convertirse en una estructura como la del FBI en Estados Unidos, y la DLCN, que también tiene las mismas características de la agencia, sería como la DEA. Se parecen mucho a esos órganos de Estados Unidos, ya que ambas dependen del fiscal general y en Honduras, también.
El fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, asume el MP con una mora acumulada de 58 mil casos de homicidios -solo para citar unos delitos- de los cuales solo el dos por ciento se resolvía, desde que le cercenaron su primera agencia de investigación. En ese sentido, las autoridades definen sus líneas de actuación, dándole prioridad al combate al crimen organizado y algunos casos emblemáticos de homicidios.
La primera operación que registran en esa línea fue el allanamiento a las bodegas de la empresa IMPEX Sociedad de Responsabilidad Limitada, en San Pedro Sula, Cortés, más de cuatro contenedores en cuyo interior contenían varios lotes de regletas rellenas de pasta de cocaína, provenientes de Colombia.
2 OFICINAS ATIC Y DLCN
Con pocas oficinas, concentran su personal en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero las dos agencias del MP, porque también se incluye a la de más antigüedad, como la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el trabajo conjunto permite golpear a un gigante que operaba a sus anchas, durante décadas: el narcotráfico y el crimen organizado.
El personal de las agencias investigativas del crimen está comprometido con el combate a la impunidad, además es continuamente certificado, sometido a las pruebas de confianza bajo los métodos rigurosos disponibles, con la cooperación de la embajada americana. El personal de ATIC y DLCN está certificado por las agencias de Estados Unidos y quien no supera las pruebas es despedido.
Recientemente, un grupo de detectives de ATIC ocupó los primeros lugares en el curso SWAT en Estados Unidos.
ABRIR OFICINAS EN 3 REGIONALES
De acuerdo a un informe, el MP enfrenta grandes retos en este momento, aunque la nueva gestión le haya imprimido una nueva dinámica; la necesidad de ampliar las agencias de la ATIC y DLCN es impostergable para duplicar los resultados y disminuir la impunidad.
Aunque pareciera que el fiscal general de la República carece del fundamental apoyo de más arriba -quien tiene la chequera del Estado- se ha planteado la apertura de nuevas regionales. Mientras la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tiene 1,200 millones de presupuesto, ATIC recibe L170 millones, con la última ampliación aprobada por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien le dijo al fiscal Óscar Chinchilla que esa ampliación fue decisión suya, no del Poder Ejecutivo.
Si se amplía el presupuesto a la ATIC, los recursos se podrían destinar en parte en tecnología, ampliar la investigación en más casos de corrupción, delitos cibernéticos, crimen organizado y homicidios.
Se necesitan 300 agentes más para cubrir tres regionales donde todavía no ha llegado ATIC en ciudades como: Danlí, La Ceiba, Comayagua, Olancho y Choluteca. En el caso de Danlí pidió en cabildo abierto la presencia de la agencia técnica. Actualmente, hay 252 agentes en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, hay 97 agentes listos para ingresar al curso.
Hasta el momento, no se reportan “manzanas podridas” coludidas en el crimen. Cada seis meses los agentes son evaluados y en el futuro, ATIC debe ser una agencia élite, que no debe mezclarse con otras dependencias investigativas aún contaminadas y que operan con estándares mínimos de seguridad interna.
| Presidente de TI ATIC HA REDUCIDO NIVELES DE IMPUNIDAD |
 “La ATIC a pesar de ser una agencia con apenas dos años de funcionamiento, se ha posicionado muy bien en la población, mediante sus acciones fuertes contra el delito, contribuyendo de esa manera en la reducción de la impunidad; a más investigación menos impunidad, pero solo opera en Tegucigalpa y San Pedro Sula, cuenta con menos de 300 elementos, entre investigadores, analistas y personal administrativo, lo que sin duda demuestra que es necesario fortalecer presupuestariamente la unidad”. |
| Diputado del CN FUERTE APOYO A LA INVESTIGACIÓN |
 “Somos conscientes que una de las debilidades en materia de seguridad es la investigación criminal, por ello hemos apoyado iniciativas y medidas encaminadas al fortalecimiento de la investigación criminal, por eso creamos la ATIC en el 2013 para que el Ministerio Público cumpliera, de manera eficaz, sus funciones y hemos apoyado todas las iniciativas de ampliación presupuestaria del Ministerio Público, que en los últimos años se han aprobado”. |
| Director de la ATIC “NUESTRA VISIÓN ES MÁS PRESENCIA” |
 “La investigación da un gran paso con el uso de la tecnología en cada uno de los casos; así como en la muerte de la líder indígena y ambientalista, Berta Cáceres que se resolvió, a través de la huella informática, actualmente estamos trabajando en cambiar pensamientos dar más credibilidad a la prueba científica y no depender tanto de los testigos, una de nuestras visiones para el 2020 contemos con más presencia de la ATIC a nivel nacional”. |
| Analista en seguridad DEBERÍA CONVERTIRSE EN UNA AGENCIA ÉLITE |
 “Indudablemente es necesario que cuente con más presupuesto y deberá de convertirse en una agencia élite, altamente selectiva en el reclutamiento de sus elementos. Puedo asegurar que de la ATIC, hasta el momento, no se han detectado actos de corrupción a lo interno, por razones del reducido número de sus integrantes o por la formación ética de sus miembros, hoy se tiene una agencia de investigación a la que hay que fortalecer, intensamente. |
| Especialista en criminología LA MEJOR DECISIÓN FUE CREAR LA ATIC |
 “La creación de la ATIC es una de las mejores decisiones que se han tomado en los últimos años en el país, en materia de seguridad, debido a que el Ministerio Público había quedado sin su brazo investigador y que le doten de una agencia, que vaya enfocada principalmente a combatir el crimen organizado, sin duda alguna deberá de contar con más presupuesto, el Ministerio Público queda por debajo de la distribución presupuestaria comparado con otras instituciones de seguridad y justicia”. |
| Capturas contra el crimen organizado |
 Se ejecutó la captura de José “Chepe” Handal, José Miguel “Chepito” Handal Pérez, Ena Elizabeth Hernández, acusados por el delito de lavado de activos, a estas personas el gobierno de los Estados Unidos los declaró como narcotraficantes en el año de 2013. En ese mismo orden, al doctor Miguel Ochoa, acusado por el delito de lavado de activos y ligado a la estructura criminal denominada MS-13, misma que se efectuó mediante la Operación Avalancha. Finalmente, agentes asignados al Departamento Contra el Crimen Organizado, participan activamente en la captura de Wilter Neptalí Blanco, acusado de narcotráfico y lavado de activos. Su aprehensión se logró después de varios días de recibir, analizar, verificar y cruzar información con las autoridades costarricenses sobre el capo, detenido en un lujoso hotel de Costa Rica. |
| Su papel en el caso más emblemático de corrupción |
 En el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la ATIC en coordinación con la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), del Ministerio Público, ha realizado importantes capturas de personas ligadas al desfalco del Seguro Social y acusadas de lavado de activos, por grandes cantidades de dinero, entre ellas: José David Cardona, Ilsa Vanessa Molina, Gustavo Adolfo Linares y el periodista Henry Gómez. A raíz de las diligencias de agentes del departamento de Operaciones Especiales se realizó un trabajo exhaustivo de ubicación y localización de varios de estos detenidos que estaban prófugos de la justicia hondureña, mismos que fueron puestos a la orden del juzgado competente para que respondan por los delitos por los cuales se les acusa. |
| APOYO DE FETCCOP Funcionarios y exfuncionarios detenidos |
 En los casos de corrupción se ha trabajado a la par de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), casos en los cuales se han investigado y ejecutado operativos y capturas de funcionarios y exempleados de varias instituciones públicas, acusados por delitos en contra de la administración pública. Estas diligencias de investigación son trabajadas con agentes asignados al Departamento de Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, entre las capturas se destacan: Sandra Margarita Rubio, Miriam Ninosca Raudales Urbina, acusadas por fraude, estafa y delito contra la administración de fondos públicos y privados del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos (Injupemp) y Reyna Gloria Carbajal Molina. Siempre en caso del Injupemp, en casos contra la corrupción se investigó y se realizó la posterior captura de tres exempleados, quienes responden a los nombres de Álvaro Raúl Cerrato, Carlos Aníbal Aguilar y Mirna Sierra acusados por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
Luego de una investigación y secuestro de documentación en la Alcaldía Municipal de Yoro, se constató la comisión de varios ilícitos penales cometidos por funcionarios y exempleados de esa municipalidad, esta investigación también abarca la acusación por 192 delitos de abuso de autoridad en contra del alcalde Arnaldo Urbina, quien guarda prisión por otros delitos, entre los detenidos se cuentan: Karen Rodríguez (jefa de Contabilidad y Presupuesto), acusada por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Mirna Castro (tesorera municipal), acusada por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios. Ángel García (jefe de Maquinaria), acusado por el delito de malversación de caudales públicos. Petrona Castro (exjefa de Presupuesto), acusada por el delito de malversación de caudales públicos. Ligia Hernández (exgerente municipal), acusada por violación a los deberes de los funcionarios y tráfico de influencias.  LA CAÍDA DE DOS “VICES” Y ALCALDES Se han efectuado otras capturas de alto impacto de funcionarios y exfuncionarios públicos ligados a diversos ilícitos, para el caso: Darío Roberto Cardona (ex viceministro de Recursos Naturales) en el caso Agua Zarca; Edgardo Ramón Sabillón (exalcalde de Santa Bárbara), acusado por el atentado en contra del fiscal Luis Javier Santos, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública. Cabe destacar que el exedil ya estaba condenado pero no estaba en prisión y luego de la captura pasará siete años privado de libertad. Óscar Kilgore (exalcalde de San Pedro Sula), acusado por delitos en contra de la administración pública. Por delitos tributarios, la ATIC capturó a varios exfuncionarios: exgobernador y diputado, Roger Arquímedes Quiroz y al exregidor ingeniero Fernando Antonio Fortín, acusados por el delito de defraudación fiscal, además de la alcaldesa del municipio de Concepción de María en Choluteca, Vilma Ordóñez Corrales, por el delito de contrabando. Por el delito de enriquecimiento ilícito se capturó al exalcalde de San Pedro Sula, Óscar Edgardo Kilgore y a Suyapa Lizeth Ochoa exempleada de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) y acusada por los delitos de falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos en perjuicio de la fe y la administración pública, por supuestamente haberse agenciado de forma fraudulenta tres millones de lempiras. |
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