Los empleados públicos y sus derechos laborales

Cada cuatrienio y la zozobra invaden los espíritus de los miembros de la burocracia gubernamental del gobierno central por lo cambios que se dan con la culminación de los períodos presidenciales. Cada gobierno se considera como propietario de los cargos burocráticos con derecho a destituir y a remover la burocracia aun irrespetando los ordenamientos legales que supuestamente amparan estas irregularidades. Adicionalmente hay activistas de los partidos políticos que se consideran con el supremo derecho de solicitar cargos a granel una vez consumada la victoria de su partido.

Durante la década de los años setenta del siglo pasado, los militares como gobierno, para poner fin a estos desmanes, instituyeron como un rotundo avance en 1967 la Dirección General de Servicio Civil, cuyo objetivo supuestamente era modernizar las etapas de reclutamiento para que en base a méritos, capacitación y exámenes profesionales, se les brindara a los hondureños la oportunidad de trabajo en la administración pública sin las consabidas cartas de recomendación de políticos y militares. Huelga afirmar que nunca hubo una acción integral y de verdadero respeto hacia estos mecanismos de perfeccionamiento del servicio público orientado al aspecto organizativo como en el de la ampliación y mejoramiento de los recursos humanos y materiales. En mi caso particular, sufrí amargas experiencias de atropellos a la Ley de Servicio Civil por no amparar irregularidades de un ministro con grado de coronel del Ejército, en el gobierno provisional de Policarpo Paz García… abofeteando mis legítimos derechos y sin investigarse tal como señalaba la ley, la veracidad de las acusaciones.

Cada cuatrienio se irrespeta el perfil del puesto y la exigencia de la debida preparación profesional de nivel universitario  en las vacantes que surgen en los organismos del gobierno y  de algunas instituciones descentralizadas y desconcentradas. En tal sentido ¡Honduras no está cambiando!
Pues bien, he observado que en las masivas y exabruptas destituciones de empleados públicos que se han dado en muchas organizaciones gubernamentales en el actual gobierno, a estos no se les conceden paralela e inmediatamente sus prestaciones a que tienen el legítimo derecho sino que les son otorgadas mucho tiempo después de su injustificada o justificada destitución -los tiempos de espera implican hasta más de un año para materializarlas. Tal situación hunden en la desesperación a estas personas que tienen que enfrentar obligaciones inherentes en sus hogares, impagos de deudas, etc. etc.

En este aspecto me pregunto ¿por qué es incapaz la Secretaría de Finanzas de crear un pasivo laboral o reservas por cada uno de los empleados del gobierno central, municipal y de otros sectores desde el momento mismo en que estos pasan a formar parte del sector gubernamental? La experiencia de estas situaciones que se dan cada cuatrienio en el sector gubernamental, demanda de las acciones administrativas correspondientes para que hechos de esta naturaleza no se sucedan periódicamente con claro y manifiesto perjuicio para la clase trabajadora que vive de un salario del aparato del Estado. ¡No es justo que en un supuesto o supuestos gobiernos democráticos se materialicen estos derechos un largo tiempo después! Las necesidades del hogar o de la familia no esperan!

He aquí una brillante oportunidad para que la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), junto a otras organizaciones  sindicales y de las Fuerzas Vivas luchen por reivindicar este derecho de sus integrantes en el menor tiempo posible. Que se les pague oportunamente porque la devaluación constante de la moneda también contribuye a deteriorar estas conquistas laborales al transcurrir mucho tiempo para otorgárselas.

¡Aquí es donde quiero ver a los sindicatos agenciarse la voluntad de sus agremiados y no hablar peroratas sin sentido real el primero de mayo de cada año!

Esperaremos.

César Augusto Bonilla Ochoa
Tegucigalpa, M.D.C.