Al actual gobierno nacionalista le ha sobrado el dinero. Así como se escucha. Heredó del gobierno nacionalista anterior un enorme déficit fiscal que ubicó al país en una situación sumamente riesgosa. Las cifras oficiales indicaban que llegó al 7.9% del PIB el año 2013. Dispuso entonces resolver el problema fiscal de la forma menos difícil, más congruente con sus objetivos políticos-electorales pero más dura para la economía nacional.
En efecto, con la aprobación de los organismos internacionales, escogió incrementar radicalmente los ingresos tributarios. Esto le ahorró el delicado y profundo trabajo de abordar el problema fiscal, controlando el gasto corriente sobredimensionado por la arraigada corrupción e ineficiencia de la burocracia en la contratación de servicios y en la compra de bienes. Esto también le ahorró el tedioso trabajo de exigir que la inversión pública fuera igualmente eficiente, con contratos de obra pública sin la menor sospecha de despilfarro y ajustado a precios de mercado.
Al menos aritméticamente le resultó. El incremento al ISV, el 1.5% de los ingresos brutos, la factura electrónica, la incorporación de más de 100,000 nuevos contribuyentes, en su mayoría microempresarios, y los demás impuestos elevaron los ingresos del gobierno nacionalista de 68 mil millones de lempiras en el año 2013 a 88 mil millones de lempiras en el 2016. Fueron ingresos que, si bien alegran a JOH, pero pesaron sobre el consumo e ingresos de millones de hondureños. Esto le permitió proclamar falsamente que había resuelto el problema fiscal del país. La burocracia del FMI, por su parte, en sus comunicados cuidadosos, constató el mejoramiento en el déficit, pero urgiendo al gobierno a encaminar sus esfuerzos a un crecimiento más equitativo.
Pero el gobierno fue más allá, ya que no bastó para los objetivos políticos el incremento en los ingresos tributarios. Contrató más deuda pública que le permitió más ingresos a cambio de una carga adicional en los próximos años para los que tienen que tributar. Se endeudó más en lempiras y en dólares. De esta forma la deuda pública es, según los informes del mismo gobierno, de 10 mil millones de dólares. Es decir, representa el 48% del PIB. Los compromisos que esta deuda representa anualmente para Honduras, equivalen ya a cerca del 40% de todos los tributos recaudados en un año y más que el presupuesto de Educación o Salud Pública de un año.
Eso es en esencia lo que este gobierno ha estado impulsando, prevaleciendo el interés de aumentar el presupuesto y ponerlo al servicio de los intereses políticos del momento. Sin embargo, es necesario enfatizarlo, las tareas estructurales no han sido abordadas. La fuerte presencia de corrupción, opacidad e ineficiencia, siguen siendo características del gasto como de la inversión pública. Los fideicomisos y las alianzas público-privadas son las nuevas formas mediante las cuales la inversión pública queda fuera del escrutinio, el control y las normas presupuestarias, incentivando más la corrupción. Los bonos en efectivo son además la nueva forma de comprometer el voto de los sectores más pobres, proclamando que se está combatiendo la pobreza.
Rafael Delgado
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