ESTAS son las personas –entre funcionarios y exfuncionarios públicos– que figuran en la lista de sancionados por el gobierno de los Estados Unidos: La presidenta del Consejo Nacional Electoral, el ministro de Educación, el Defensor del Pueblo, el exministro del Servicio Penitenciario, el ministro del Interior, Justicia y Paz, el director de la Policía Nacional Bolivariana, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central, el exdirector general de la Policía Nacional Bolivariana, el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, el viceministro para Europa de la Cancillería venezolana, el vicepresidente de Finanzas de PDVSA, el extesorero nacional. Entre las razones citadas por el gobierno norteamericano es que algunos de los incluidos en la lista están “asociados con las elecciones o por quebrantar la democracia, así como la violencia generalizada contra manifestantes de la oposición y por corrupción”.
Otros se agregan por movilizarse “activamente” en apoyo de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y por “minar la democracia y los derechos humanos en Venezuela”. En una teleconferencia uno de los funcionarios del Departamento del Tesoro advirtió que, “quien decida sumarse a la Asamblea Constituyente estará minando las instituciones y quedará expuesto a potenciales sanciones estadounidenses”. Las sanciones consisten en congelar las cuentas bancarias o los eventuales activos y propiedades que estas personas posean en Estados Unidos, además de la prohibición de ciudadanos o instituciones estadounidenses o los que se encuentren bajo esa jurisdicción de realizar acuerdos comerciales con transacciones con cualquiera de ellos. La semana pasada el propio Trump advirtió que su gobierno “no se va a quedar quieto y respondería con acciones económicas fuertes si el régimen venezolano seguía adelante con sus planes de celebrar la Constituyente”. Coincidente con las sanciones los opositores a la autocracia iniciaron el paro cívico de dos días, como ultimátum a Nicolás para que suspenda la elección amañada de la Constituyente programada para el día domingo. Nuevamente, desde tempranas horas de la mañana, las calles, bulevares y autopistas de las principales ciudades del país lucían desoladas. Negocios y comercios cerrados. Los bloqueos y las barricadas levantadas por los manifestantes impedían el tráfico vehicular.
Las acciones violentas de la guardia represiva no se hicieron esperar. La violencia desde que iniciaron las protestas cobran más del centenar de muertos y miles de heridos. “La fiscal general –veterana chavista que rompió con Maduro– advirtió que la Constituyente será un “cheque en blanco” para el gobierno y llamó a los venezolanos a jugarse todo para detenerla”. Sin embargo Nicolás no parece dispuesto a echarse atrás con su espantajo de Constituyente. (El mismo bicho que en el patio doméstico exigen sus devotos pupilos). Ha ordenado al reducido número de fieles seguidores que aún le quedan y obligadamente a los empleados públicos presentarse a votar. Unos días atrás sufragaron en contra de su iniciativa más de 7.6 millones de venezolanos. Pero mientras los generales –que ahora gozan de la explotación comercial de los recursos estratégicos del país– continúen leales a la autocracia, Nicolás continuará atornillado al poder, burlando la voluntad del pueblo venezolano y haciendo nugatoria toda acción que se le oponga.