De acuerdo a la defensa de Fabio Lobo, la fiscalía del Distrito Sur de New York retiene información que podría beneficiar al acusado, como ya ocurrió en el caso Brady versus Maryland (conocido en Estados Unidos) e invocado por el abogado Manuel Retureta, quien presenta una solicitud presentada ante el tribunal para que esa información sea conocida en la audiencia del 31 de julio próximo.
Retureta planteó a la juez Lorna Schofield que ordene a la fiscalía aportar toda la información que retiene y que podría beneficiar a Fabio Lobo con una condena menor. En respuesta a esa solicitud, el lunes habrá una conferencia entre las partes para conocer el contenido de la misma.
En Estados Unidos, la fiscalía por ley está obligada a dar toda la información y a no omitir nada que ayude al acusado. El fiscal del caso, Emille Bovi debe entregar la información retenida según la defensa, como se lo recuerda Retureta en una carta del 24 de julio, anticipándose a la lectura de la sentencia para que previamente entregue esa información, amparado en el caso See Brady versus Marland, caso 373 U. S. 83 (1963).
El caso Brady es un precedente en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos del Distrito Sur porque el gobierno retenía información relevante que efectivamente fue favorable al acusado. Lo mismo podría ocurrir en el caso de Fabio Lobo, expone Retureta al fiscal Bove y a la juez Schofield.
Esa evidencia podría favorecer a Fabio al provocar una reducción en su condena, este argumento es suficiente para que esos tópicos sean conocidos en el tribunal.
Lobo solicita “toda y cualquier información favorable pertinente para el caso del gobierno contra el Sr. Lobo y/o su sentencia, incluyendo evidencia que puede mitigar la sentencia, apoyar un argumento para una sentencia menor o afectar una evaluación de las directrices de oración pertinentes o factores estatutarios de condena”, dice Retureta.
También “el señor Lobo solicita específicamente que su oficina investigue de todas las fuerzas del orden, agencias involucradas en su caso, incluyendo, pero no limitado a la Agencia Antidrogas y el Departamento de Estado en posesión de material como el caso Brady”.
Adicionalmente, requiere algún material relacionado a Devis Leonel Rivera Maradiaga, el cabecilla del cartel de Los Cachiros, que admitió haber ordenado la matanza de 78 hondureños, mientras realizaba sus labores de narcotráfico y lavado de activos, durante dos décadas en las que estuvo enviando cocaína a los Estados Unidos.
“El Cachiro” es testigo que presentó la fiscalía contra Fabio Lobo, a quien involucró en las actividades ilícitas, cuando había sido especialmente designado por el tráfico de drogas y para llegar a un arreglo que le favorezca una condena menor, realizó operaciones encubiertas con la DEA utilizando a Fabio Lobo.
Retureta le plantea a la juez que “como estamos seguros de que usted es indudablemente consciente, el Departamento de Oficina del Inspector General del Estado y Departamento de Justicia Oficina del Inspector General publicó un informe conjunto a finales de mayo de 2017 sobre las agentes/funcionarios de la DEA y del Departamento de Estado, relacionados con varias misiones en Honduras, en el 2012”.
Se refiere a tres misiones fallidas que fueron ejecutadas por la DEA con agentes hondureños, en las que murieron civiles que nada tenían que ver con el trasiego de drogas porque la información que recibieron fue equivocada. Este fue el tiroteo en una zona misquita, la muerte de un piloto en Olancho y el derribamiento de una avioneta en Colón.
Retureta recuerda a la juez que los agentes de la DEA ya han realizado operaciones engañosas incluyendo declaraciones contra civiles que fueron ellos quienes dispararon y que por eso ellos se defendieron de un grupo de misquitos que iban de pasajeros en un pipante y que no poseían armas de fuego para atacar a los agentes.
Además, Retureta indica que los policías hondureños encubrieron a los agentes antidrogas y que el embajador proporcionó información inexacta al Departamento de Estado. Cuatro congresistas estadounidenses han enviado cartas al Departamento de Estado recordándoles que ninguno de los agentes que participaron en esa operación matando a civiles han sido castigados.
REDUCIR CONDENA
El defensor de Fabio Lobo insiste en que “esa información puede beneficiar a Fabio”, pero la fiscalía debe aportar toda la información que retiene sobre algunos sucesos.
Uno de los reveses que se llevó la fiscalía fue la aplicación de una fianza de 13 millones de dólares, que la jueza del Distrito Sur de NY redujo a una fianza en 266 mil dólares. Se interpreta que este descenso en la fianza significa que el caso no es como lo “pintaba” la fiscalía.
Otro aspecto que es negativo para la fiscalía es que la jueza Schofield no admitió como prueba la acusaciones contra el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, porque él no era agente del orden, como lo planteaban los fiscales, cuando recibió a Fabio Lobo y a los agentes encubiertos de la DEA, que se hacían pasar por narcotraficantes que pretendían realizar una operación ilícita y más bien, el entonces Director Nacional de Investigación e Inteligencia los echó de su despacho.
La fiscalía (el gobierno) no ha cumplido con la obligación de entregar la información que podría beneficiar a Fabio Lobo, asegura Manuel Retureta en su carta del 26 de julio del presente, en la que comparece ante la honorable juez Schofield.
La defensa no solo está pidiendo al tribunal que se descubra esa información guardada por la fiscalía, sino que se fije una audiencia para que las partes puedan conocerla.
En la misiva solicita también que “respetuosamente se aplace la sentencia del Sr. Lobo, programada para el lunes 31 de julio próximo, hasta que el Tribunal tenga oportunidad de revisar y tomar las medidas apropiadas sobre la moción de la defensa para obligar al gobierno a entregar la información descubierta y que fue solicitada”.
En una nueva solicitud presentada ayer, la defensa de Fabio pide de nuevo al tribunal que en las cartas de 26 de julio la defensa de Fabio Lobo pidió una conferencia para conocer la moción para obligar a que el gobierno divulgue la información que podría beneficiar al acusado, según el caso Brady y aplazar la audiencia de sentencia hasta que haya una resolución de la moción para obligar a la fiscalía.
En caso que la juez atienda la solicitud de la defensa, se aplazaría la lectura de la sentencia “sine die” para el 31 de julio y en su lugar, habría una audiencia para escuchar la información que el gobierno ha descubierto y que favorece al acusado.
La moción dirigida a la Juez Lorna G. Schofield de Manuel J. Retureta con fecha 27 de julio de 2017 sobre: “Moción para Obligar Descubrimiento, Defensa Respuesta a Oposición del Gobierno. Documento presentado por Fabio Porfirio Lobo. (Presentada: 27/07/2017)”, indica el documento de la Corte.
Cabe mencionar que la lectura de la sentencia de Fabio Lobo estaba programada para el 20 de julio, pero el plazo fue extendido por la jueza y se fijó para el 31 de julio una nueva audiencia.