ALGO que se ofrece como preocupación redundante, tanto aquí como en otras partes del mundo, es lo relativo a la falta de confianza de los ciudadanos en la transmisión de los resultados electorales. Claro, mucha de la confiabilidad depende de la forma cómo se realizan las elecciones. Hay un mar de diferencia si estas, por ejemplo, cuentan con amplia observación internacional –con monitoreo ecuánime y objetivo– a si por el contrario no hay testigos fiables que den fe de la transparencia. Es decir sin la presencia de observadores imparciales, locales y externos, que monitoreen el proceso de votación y de escrutinio, como acaba de ocurrir en Venezuela. Otra diferencia está en la calidad de la competencia. Si existe la participación de varios partidos políticos, cada cual con su representante en las mesas electorales cerciorándose que los resultados sean legítimos, o si acude solamente un único partido votando y contando los votos.
También la credibilidad depende de la confiabilidad de la autoridad electoral que maneja el proceso comicial. Digamos, si se trata de un tribunal más o menos imparcial o si es uno sometido totalmente al capricho del régimen de turno. Según cálculos de fuentes independientes, la abstención de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por la autocracia, fue superior al 82%. La oposición informó que apenas unos 3.5 millones de venezolanos de los 19.8 millones registrados en el padrón electoral emitieron el voto. Sin embargo las cifras del oficialismo son otras. Nicolás proclamó eufórico que votaron más de 8 millones de ciudadanos. La incondicional presidenta del Tribunal Electoral oficializó los números, dizque una participación del 41.53% del censo electoral. Ahora resulta que la empresa de tecnología informática electoral que provee máquinas electrónicas de votación –una empresa venezolana creada en tiempos de Chávez que ahora brinda los mismos servicios a otras partes del mundo– confiesa que “se alteraron los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Resulta que las cifras de participación registradas por las máquinas son inferiores a las anunciadas por el gobierno. Mayúsculo escándalo la revelación de “manipulación de los resultados” hecha por la empresa que suministró la tecnología para la elección de la Constituyente. El jefe del Parlamento de mayoría opositora pidió a la fiscalía investigar el “fraude” calificando la manipulación como “un terremoto a nivel mundial”. El oficialismo sin embargo se apresta a la instalación de la Constituyente, precisamente en las mismas instalaciones, el palacio legislativo, donde en la actualidad sesiona la Asamblea Nacional.
El primer acto de la ilegítima Constituyente seguramente será disolver la Asamblea y decapitar la fiscalía. Pese a que un poder constituyente no puede ser otra cosa que el reflejo de todo el pueblo en su expresión soberana, la asamblea de Nicolás es un espantajo con membresía impuesta por un único partido y rechazada por más del 72% de los venezolanos. Nicolás convocó a la Constituyente sin consulta en referendo a los venezolanos, como sí ocurrió en 1999. Fungirá como un supra poder por tiempo indefinido mientras redacta una nueva constitución. La instalación de la asamblea de Nicolás para perfeccionar la dictadura ocurre mientras la crisis interna se agudiza y en medio de la condena internacional tanto por el resquebrajamiento democrático como por el encarcelamiento de los dos líderes opositores que guardaban arresto domiciliario.