Por Miguel Osmundo Mejía Erazo
Profesor y periodista
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El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina es el título de un informe publicado por la Asociación por los Derechos Civiles y el Instituto para una Sociedad Abierta de la ciudad de New York. El estudio realizado en seis países de América del Sur, y Centroamérica, (Honduras y Costa Rica) en todos ellos se reflejan una variedad de abusos en materia de publicidad oficial entre los que se destacan: El uso indebido de la publicidad oficial para condicionar contenidos, los pagos por publicidad efectuados directamente a periodistas, la asignación discriminatoria de publicidad oficial a medios favoritos y aliados políticos y la utilización de la publicidad oficial con fines propagandísticos. De los países investigados solamente Chile, Colombia y Perú tienen restricciones al gasto publicitario con fines propagandísticos, hoy podemos incluir a Honduras en este grupo aunque no regule esta nueva ley la publicidad propiamente costeada con fondos del Estado, de hecho la Constitución y la Ley Electoral prohíben el uso de fondos públicos con fines de propaganda electoral.
El referido documento contiene un resumen de recomendaciones para todos los gobiernos, pero en particular a los de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay entre las que mencionamos: 1) Asegurar que las decisiones en materia de asignación de publicidad oficial no se encuentren concentradas en manos de funcionarios designados políticamente, sino a cargo de individuos con capacidad técnica adecuada. 2) Abstenerse de utilizar la publicidad oficial, directa o indirectamente con fines electorales partidarios o de promoción personal. Deben adoptarse los mecanismos apropiados para prevenir, investigar y sancionar tales abusos, especialmente en períodos eleccionarios. 3) Publicar en internet todos los presupuestos anuales y el informe de gasto de todos los organismos de gobierno. 4) A los gobiernos de Chile, Honduras y Perú, asegurar que se cumpla plenamente con las leyes existentes en materia de acceso a la información en poder del Estado. El resumen contiene 24 recomendaciones aún para las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación social y agrupaciones de periodistas que también juegan un papel protagónico en el uso de la publicidad.
Por qué el título de este artículo tomado de este interesante estudio, por qué en los países investigados se detectaron algunas irregularidades ligadas con la censura, la preferencia y afinidad entre el Estado y algunos medios y profesionales de la comunicación, países donde en algunas ocasiones se llega a la autocensura del periodista, allí es cuando se puede hablar del precio del silencio, o se paga por callar o calla voluntariamente. Las recomendaciones fueron conocidas en su oportunidad por los respectivos gobiernos de los países mencionados y a pesar de que han pasado algunos años, siguen siendo válidas tomando en cuenta la seriedad de los investigadores.
En Honduras legalmente no ha comenzado la propaganda electoral, ya contamos con una Ley de Política Limpia y tres comisionados que estarán vigilantes de que se aplique la ley que regula todo lo relacionado con el dinero a utilizar en la propaganda electoral que se nos avecina. Para muchos de los candidatos de elección popular los techos en la publicidad no es un problema, especialmente los que van por los partidos minoritarios, no así el caso de candidatos con posibilidades económicas, hoy tienen un límite para consuelo de aquellos que no pueden pagar medios masivos y su publicidad la tendrán que hacer pidiendo el voto en persona. El caso muy especial es el del candidato presidencial y a la vez actual Presidente de la República, la nueva ley le prohíbe inaugurar obras días antes de las elecciones, pero lleva muchas ventajas frente a los otros candidatos porque sigue siendo Presidente y el Estado Mayor Presidencial tiene la responsabilidad de cuidar la vida del Comandante General de las Fuerzas Armadas y no le van a permitir usar medios de transporte que pongan en peligro su vida, tampoco el Presidente puede renunciar a su cargo como todo funcionario público, porque no está contemplado en la Constitución de la República reelegir al Presidente, por lo que tendrán que cuidar al candidato presidencial, Juan Orlando Hernández y dejar que use el helicóptero presidencial, su numeroso contingente vehicular y aparecer todos los días en los medios de comunicación sin costo alguno, porque no se puede despojar de su investidura como Presidente constitucional de la República, tienen la palabra honorables magistrados del TSE y comisionados de política limpia.