Delcy Rodríguez, presidente del órgano electo en unos comicios con irregularidades, anunció la conformación de un cuerpo con «facultades plenipotenciarias» para investigar los delitos «con fines políticos»
La Asamblea Nacional Constituyente venezolana, conformada por partidarios del régimen chavista y con poderes casi ilimitados, tiene planeado instalar una «Comisión de la Verdad», con el objetivo de investigar los hechos de violencia «con fines políticos» ocurridos durante los últimos años, según anunciaron autoridades del régimen de Nicolás Maduro.
Delcy Rodríguez, presidente de la ANC y futura titular del comité, adelantó que tendrá «amplias facultades plenipotenciarias» y que las recomendaciones que de ella emanen «serán vinculantes para las decisiones de las distintas ramas del poder público».
«Los delitos de odio serán atendidos por la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente y debe aplicarse justicia, no puede haber más impunidad», dijo la ex canciller durante el programa Los domingos con Maduro. En ese sentido, advirtió que la Asamblea Nacional Constituyente tomará «decisiones históricas» en torno al acceso a la justicia.
Por su parte, Nicolás Maduro reiteró a quienes persistan en cometer delitos por razones políticas, étnicas o ideológicas que «serán capturadas, enjuiciadas y castigadas de manera inmediata», y pidió investigar a la brevedad posible a los ciudadanos que increparon a Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral.
Esta comisión, indicó Rodríguez, «guiará como norte la determinación de los hechos de la violencia con fines políticos y de los delitos conexos» registrados en los últimos 18 años, desde que gobierna el chavismo en el país. Según adelantó, «la derecha ha sustituido la acción política por la acción criminal».
Rodríguez aseguró que quienes votaron por la Constituyente «votaron esperanzados en la garantía de paz», y que quienes integran el cuerpo plenipotenciario lo hicieron para «hacer la paz en Venezuela».
Maduro había pedido a finales de mayo crear y dotar a la Comisión de la Verdad de poder plenipotenciario para garantizar que la Justicia repare a las víctimas de la violencia en la ola de protestas que para esa fecha había cobrado ya una treintena de las muertes que a día de hoy superan el centenar. La ONG Foro Penal, que cifra en 4.500 los arrestos, asegura que un millar de personas siguen presas, unas 300 por orden de tribunales militares.
La idea de esa comisión surgió después de que la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, destituida el sábado por la propia Constituyente, hiciera una serie de críticas por la «excesiva represión» de los cuerpos de seguridad y desvelara una investigación que apunta a que la muerte de un estudiante en una protesta pudo ser causada por un militar y no por un manifestante como venía sugiriendo el Gobierno.