En manos del Congreso Nacional está lo que será una nueva ley del fomento al turismo. Las autoridades del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional indican que es el instrumento de política económica que hace falta para darle el impulso definitivo al sector. El gremio empresarial repite el mismo mensaje afirmando que la vigencia de esta ley hará posible el surgimiento de una mayor oferta de servicios turísticos, incrementará el empleo y los impuestos.
El turismo tiene las condiciones para convertirse en un sector de mayor dinamismo. La lista de recursos que pueden ponerse al servicio es amplia y se encuentran prácticamente en cada rincón del país: mar, playas, montañas, ríos, ruinas milenarias, pueblos coloniales, comidas, bailes, música, flora, fauna, etc. De allí que no hacer nada y esperar que algo espontáneo ocurra, equivaldría a que la misma situación de hoy y de ayer continúe. Para el despegue del sector necesitamos de un país más seguro para los turistas; de mucha formación técnica para el empleado y de carreras universitarias especializadas en turismo para el personal administrativo; de mucho emprendimiento innovador que cree servicios diferentes, respondiendo a los intereses cambiantes de un turista cada vez más informado.
Sin embargo, el espíritu de la iniciativa que el gobierno impulsa, choca con las lecciones que en el país y en la región se han aprendido sobre el desarrollo económico y en especial sobre las políticas de promoción del desarrollo. Me refiero, sobre todo a las exoneraciones fiscales, instrumentos de política tributaria que, así como se utilizan en el país, terminan creando reglas especiales para ciertos sectores liberándolos del pago de impuestos por largos plazos; terminan además, siendo instrumentos sin ningún monitoreo para comprobar el impacto económico, ni tampoco para evitar los abusos. Al parecer, la ley tiene bastante de lo anterior. En un país con altos grados de desigualdad y con una arraigada tradición en materia de privilegios esto no cae bien. Cabe recordar que el BID estima que las exoneraciones representan el 42% de la tributación anual.
Esta vía de abordar los problemas es válida cuando se ha utilizado en industrias nacientes acosadas por la competencia externa; cuando son evidentes las excesivas cargas tributarias que recaen sobre la industria, anulando cualquier intento de inversión; cuando se ha medido que liberando al sector de estas obligaciones tributarias por períodos moderados habrá un desenlace muy diferente para el sector y con evidentes efectos positivos en materia de empleo e inversión.
La política tributaria de los nacionalistas sigue su rumbo equivocado. Continúa la ruta de incrementar los impuestos y endeudarse sustancialmente. Lo grave es que pasa un gobierno más, que no quiso enfrentar el problema reduciendo el gasto y la inversión ineficiente y sobredimensionada. Prefirió meterle las manos en el bolsillo a la gente antes de combatir la corrupción y el despilfarro. Prefirió el endeudamiento para así trasladar el costo del ajuste a las generaciones futuras. Ahora se pretende otorgar más exoneraciones fiscales ampliamente desacreditadas en nuestro país, queriendo hacer creer que así le resuelve los problemas al sector del turismo e incrementando la desigualdad del sistema tributario.
Rafael Delgado
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