Arancel

Por Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Tremendo revuelo ha causado la reciente publicación en el Diario Oficial La Gaceta del nuevo Arancel del Profesional del Derecho, debido a lo que muchos consideran como un excesivo aumento en los valores que los abogados, notarios y licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales pueden cobrar por los distintos servicios prestados, en relación al anterior Arancel del año 2003, llegando al extremo de existir en varios medios de comunicación una campaña casi sistemática en contra del mismo.

De igual forma se alega que el Arancel del Profesional del Derecho atenta contra el principio de gratuidad de la justicia, ya que la aplicación del mismo será un obstáculo para que la población tenga acceso a esa justicia para resolver sus controversias, desconociendo que la gratuidad se refiere a una obligación del Estado de pagar sus sueldos a los magistrados, jueces y personal auxiliar de los juzgados y tribunales, así como de cubrir los demás gastos inherentes a sus funciones, para que no sean las partes en conflicto las que paguen por los mismos.

En el caso de los abogados se cuestiona el hecho de que el Arancel no ha sido aprobado por el Congreso Nacional como si lo ha sido en el caso de otras profesiones, lo que a criterio de algunos genera la pérdida de valor jurídico y por consiguiente carece de obligatoriedad, al no ser una ley de la República, debido a la indelegabilidad de las atribuciones del Poder Legislativo, a pesar de estar consignada dicha atribución en la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras.

El Arancel del Profesional del Derecho contiene una serie de disposiciones encaminadas a regular uno de los temas más complejos a los que se enfrentan las personas que ejercen profesionales de las denominadas liberales, incluyendo desde luego la abogacía: El cobro de honorarios profesionales.

Resulta complejo el tema en vista de que si bien es cierto la abogacía es una profesión de carácter social y humanista en la que se debe perseguir la justicia como fin supremo, el ejercicio de la misma constituye normalmente el principal medio de subsistencia del abogado, por lo que este se encuentra normalmente ante el dilema del valor de los honorarios que debe cobrar a sus clientes, los que se supone que deben ser honorarios justos, en relación a la complejidad y cuantía del asunto, tiempo dedicado, situación económica del cliente, entre otros factores, es decir que por un lado no debe “regalarse” el trabajo cobrando cantidades pírricas, pero por otro lado tampoco puede el abogado pretender “hacerse millonario” con cada caso, cobrando cantidades muy por encima de la realidad.

Además de lo anterior, debe tomarse en cuenta que la abogacía se ha convertido en una profesión de alto riesgo, considerando la gran cantidad de profesionales del Derecho que han perdido sus vidas violentamente, muchas veces por el ejercicio de la profesión. De igual forma el tema de la competencia desleal por la que muchos abogados en su afán de obtener clientes, cobran honorarios por debajo de lo permitido, o recurren a desprestigiar a los colegas por cualquier medio.

Y es que solo el abogado de la “calle”, es decir el que diariamente busca nuevos clientes en los juzgados y tribunales sabe lo que es enfrentarse a una realidad de andar de “arriba abajo”, luchando contra sistema lento, ineficiente y burocrático así como tratar con algunos clientes que no quieren pagar ni siquiera los gastos, o clientes que exigen al abogado un porcentaje de los honorarios obtenidos por una condena en costas en un juicio.

Varios abogados y notarios, con justa razón, cuestionan el Arancel, principalmente porque en algunos casos como en los timbres de procuración y timbres de litigación (de los que el presidente del Colegio de Abogados anunció que quedarían derogados), matrimonios y divorcios por mutuo consentimiento, en los que una buena parte de los honorarios percibidos serán para el Colegio de Abogados y el Instituto de Previsión del Profesional del Derecho, los que han sido señalados en administraciones anteriores por el manejo irregular de los recursos, sin que hasta la fecha se haya deducido la responsabilidad correspondiente a los directivos y administradores señalados por esos casos.

Aunque parezca una afirmación meramente mercantilista, insensible e inhumana, pero existe una realidad evidente y es que tendrá los mejores abogados el que pueda pagarlos, tal como ocurre con el que puede pagar los mejores médicos o los mejores ingenieros, para el caso, lo que indudablemente genera una brecha entre los mismos abogados y la población en general.

De muy poco servirá el nuevo Arancel si el Colegio de Abogados de Honduras por medio del Tribunal de Honor y la Comisión del Arancel, no combate frontalmente la competencia desleal, sancionando a los abogados que cobren por debajo de los valores establecidos como ha ocurrido a lo largo de los años.

De igual manera cada abogado debe buscar personalmente cómo dignificar nuevamente la profesión, para dejar de ser tratados como “tramitadores caros o tramitadores de saco y corbata”, preocupándose por capacitarse constantemente, siendo responsables, íntegros y honestos, cumpliendo lo establecido en el Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho: Que la retribución no peque por exceso ni por defecto.
Dios bendiga a Honduras.

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