Un fiscal argentino pidió este jueves que la expresidenta Cristina Fernández declare como investigada en el caso del presunto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994, abierto por la denuncia que presentó en 2015 el procurador Alberto Nisman días antes de morir.
Gerardo Pollicita solicitó al juez Claudio Bonadio, encargado del expediente, que cite a declarar, entre otras doce personas, a la exmandataria (2007-2015) y a quien fuera su canciller Héctor Timerman, para quienes requirió el bloqueo general de bienes preventiva y la prohibición de salir del país.
En un dictamen de más de 250 páginas, el representante del Ministerio Público Fiscal los acusa de una «grave violación a los derechos humanos al resultar configurativa de un encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse el hecho precedente de un delito de lesa humanidad».
Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, era el fiscal de la investigación del atentado contra la mutua AMIA -que dejó 85 muertos y sigue impune-, y creía que un acuerdo firmado en 2013 entre Argentina e Irán para investigar conjuntamente el atentado buscaba en verdad encubrir a los sospechosos para favorecer el intercambio comercial, algo que la exmandataria y su entorno siempre han negado.
«El accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior Gobierno, puntualmente por la expresidenta y el exministro, quienes a su vez contaron con la colaboración activa de distintos funcionarios públicos», remarcó Pollicita en su dictamen.
El fiscal apunta a que la «maniobra» investigada requirió de «canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales» y señala que el acuerdo con Irán pretendía que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados fueran «removidas, suspendidas o morigeradas», por lo que las circulares rojas emitidas por Interpol para 5 de los 8 imputados «ya no tendrían razón de ser».
Ese memorándum nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. (EFE)