Por: Rodolfo Dumas Castillo
Desde hace varios meses fue presentada al Poder Legislativo una iniciativa de ley conocida como “Ley de Colaboración Eficaz”. Dicho proyecto fue elaborado con el apoyo técnico y jurídico de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y está inspirada en leyes similares que en otros países se han implementado con buen suceso. Su principal objetivo es coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, ya sea esta pública o privada.
Lastimosamente dicho proyecto parece no estar dentro de las prioridades de la actual administración, sobre todo del Poder Legislativo, que ha interpuesto en su camino todo tipo de obstáculos y cualquier cantidad de dilaciones innecesarias. El Poder Judicial emitió recientemente una opinión que, según ha trascendido en medios de comunicación, es favorable a la aprobación de la ley, aunque allí también se tramitó en “cámara lenta”, desconociendo la urgencia que este mecanismo representa para el país.
Es importante reiterar que ese proyecto de ley fue remitido al Congreso Nacional desde el mes de abril, es decir, hace más de cinco meses. Sabemos, aunque jamás aceptaremos, que la burocracia hondureña es lentísima, pero para una iniciativa con la relevancia de la que ahora comentamos, esa tardanza resulta insensata y una negligencia inexcusable de ese poder del Estado.
Sería ingenuo creer que esa nueva ley será la solución final o la que permitirá erradicar la corrupción en Honduras, pero tampoco podemos darnos el lujo de dejar de implementar lo que sin duda será una valiosa herramienta para desenmascarar organizaciones criminales que operan bajo métodos sumamente complejos y que muchas veces solo pueden ser penetradas con la cooperación, precisamente, de sus integrantes, sobre todo cuando esas mafias están integradas por personajes cercanos al poder.
Seguir dilatando la aprobación y entrada en vigencia de la referida ley solo puede llevarnos a concluir que dentro de las más altas esferas del poder público existen poderosas fuerzas que le temen a estos instrumentos y que, en lugar de contribuir con la lucha contra la corrupción, más bien buscan la forma de perpetuarla, lo cual colinda peligrosamente con una omisión punible o encubrimiento.
Tampoco sería extraño que el Congreso Nacional, al recibir el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, busque otras formas de dilatar la aprobación de dicha ley, posiblemente argumentando que requiere más “socialización” o que debe ser consultada con diferentes sectores, como que alguien en su sano juicio se opondría a una herramienta tan importante en la lucha contra la corrupción. En ese momento quedarán exhibidos, nuevamente, los aliados de la delincuencia.
En medio de esta extraña dilación del tema, el Poder Ejecutivo ha introducido al debate nacional la “reglamentación de la reelección”. Esa improcedente propuesta de reglamentación parece estar funcionando de mil maravillas como distractor, pues la mayoría de medios de comunicación, que en ocasiones parecen caer con demasiada facilidad en estas cuestiones de escasa importancia, le han dedicado todos los espacios posibles al tema.
Nos recuerda la pregunta que se hacía hace poco el editorial de LA TRIBUNA, ¿Qué papel jugarán los medios? A lo cual ahora agregamos, ¿Se ocuparán de la reelección o dedicarán sus valiosos espacios a lo que más angustia al pueblo hondureño? ¿Hablarán de reelección o de la inminente amenaza para Honduras por los precios de los combustibles, la cancelación del DACA y del TPS, la lucha contra la corrupción y la falta de empleos?
De todas maneras, tarde o temprano, a nuestros legisladores se les acabarán las excusas y se verán en la obligación (angustiosa para algunos) de aprobar esa ley. Cualquier estorbo servirá para identificar quiénes son los diputados que tienen afinidad con los delincuentes y la negativa quedará como prueba irrefutable de colaboración ineficaz del Estado de Honduras en la lucha contra la corrupción, sin perjuicio de que también servirá como un indicio para que la MACCIH reconozca hacia dónde y quiénes deben orientar sus investigaciones.