POR ahora el asediado mandatario guatemalteco puede dormir tranquilo. Los diputados en el Congreso –requerían 105 votos de los 158 y apenas 25 lo hicieron a favor– con mayoría abrumadora votaron por no quitarle la inmunidad. El desafuero era solicitado por la todopoderosa CICIG, sincronizada con la fiscalía para toparlo por un supuesto financiamiento ilícito a su partido durante la campaña electoral. El expediente fue remitido a la Corte y de allá, con mayoría de votos de los magistrados, turnado al Congreso. Sin embargo, pese a que la comisión especial de cinco magistrados opositores recomendaba quitarle el “blindaje”, sin haber comprobado en forma fehaciente que tuviera “responsabilidad directa y personal”, el pleno no se dejó impresionar por las barras que, sonando tambores, presionaban por que echaran a “moralejas” a la caldera ardiente. Como políticos solidarios optaron por no arrebatarle el privilegio.
Ello no extingue la investigación, así que el intocable colombiano de la CICIG –a quien el frágil investigado no pudo echarlo del país declarándolo personaje non grato, cuando las cortes recularon la decisión– en comparsa con la fiscalía van a seguir escudriñando. Hasta que algo salga con que volverlo a arrinconar. La prensa allá comenta que se anticipaba cual sería la decisión de los diputados, bajo la presunción que los políticos se arropan bajo la misma cobija, más cuando algunos tienen penas propias que es mejor no ventilar. Esa famita endilgada a la clase política es lo que usan para levantar banderas contra el sistema. No hay oportunidad que se pierda –minimizando los avances, los logros o lo que los gobiernos hayan contribuido al bienestar nacional– para enrostrarles las suciedades. Hasta crear una imagen generalizada que no hay nada ético o valor rescatable en la sociedad. Eso es lo que aprovechan los denominados “outsiders” para ganar prosélitos. Acusando a sus adversarios de “ladrones y corruptos” hasta que a ellos también los agarran embadurnados con el botín en la mano. Se alienta la impresión que todo está podrido, que nada tiene remedio. Como se asume que no hay institución nacional capaz de resolver esos problemas de transparencia se ocupa de la intervención. Que de afuera vengan –¿sin agenda?– a poner las cosas en cintura. Si a la apariencia, que en muchos casos también es reflejo de la triste realidad, le agregan las dificultades, atribuibles al atraso, a la resistencia colectiva de aceptar sacrificios para superar los males, a la perenne limitación de recursos que se ocupan para resolver los problemas de las mayorías afligidas en las democracias, de entrada el sistema está condenado a fracasar.
La consigna plural consiste en regatear cualquier reconocimiento a la función pública y en masificar la montaña de inmundicias del sistema político para hacerlo más repulsivo. Pesa más en el sentimiento popular las cosas feas que se dicen que la modesta buena labor que los gobiernos –cualquiera que sea– puedan hacer. Sin ánimo de tomar partido, pero ese caso guatemalteco es sintomático. Por parecidas razones se volaron al general mano dura y a todo su equipo de colaboradores recluyéndolo en el purgatorio. ¿Extirparon la enfermedad? Si esa es bestia de mil cabezas. Otra vez la inestabilidad política e institucional. Sin que el país encuentre liderazgo confiable y menos bajo las riendas de un gobierno que desde sus inicios arranca débil y sometido.