El Congreso Nacional de la República, en la sesión itinerante realizada en Choluteca, a mediados de semana, aprobó la colocación de 700 millones de dólares como deuda soberana con bancos del exterior.
La iniciativa llegó a la asamblea por medio del secretario del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, a petición de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
Entre los argumentos mencionados al momento de discusión y aprobación, se explicó que el agente fidecomisario o encargado de administrar la colocación será el Banco Mellon de Nueva York.
Por ahora se desconoce el destino que tendrá la transacción. La última colocación de deuda soberana se hizo a comienzos de año, al 6.25 por ciento de interés, y se usó para saldar deudas atrasadas de la estatal eléctrica con los productores de energía y préstamos con bancos hondureños.
La colocación se sumaría a los actuales niveles de endeudamiento que presenta la economía hondureña, estimados por arriba del 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo al sector privado.
Según la Sefin, el endeudamiento público, interno y externo, anda por 10,503 millones de dólares, al tiempo que se proyecta que a diciembre de este año se eleve a más de 10,800 millones de dólares.
Asimismo, funcionarios de esta cartera ministerial argumentan que estas cifras se ubican por debajo del 40.2 por ciento del PIB, actualizado al crecimiento proyectado para este año, que se podría expandir de 3.7 a 4.1 por ciento.
PAGO A CAPITAL E INTERESES
Honduras destinará al cierre del 2017 alrededor de 30,000 millones de lempiras para honrar el servicio de la deuda en pago a capital e intereses.
Para el período fiscal 2018 se estima una cifra mayor a 35,000 millones de lempiras, al experimentarse un incremento cercano a 5,000 millones de lempiras. En resumen, la deuda demanda más recursos que todas las partidas para el funcionamiento del gobierno central y desconcentrado.
El diputado por Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, confirmó la aprobación al asegurar que votó en contra y que los peticionarios no presentaron documentos ni en papel o respaldos digitales, al momento de presentar el decreto de aprobación.