WASHINGTON (EFE). Un juez federal de Hawái bloqueó temporalmente el tercer veto migratorio impuesto por el presidente de EE UU, Donald Trump, cuya iniciativa debía entrar en vigor este miércoles, pero mantuvo la parte de la medida que afecta a Venezuela.
El nuevo veto, proclamado el 24 de septiembre pasado, impide de manera indefinida la entrada a EE UU, de la mayoría de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, así como a ciertos funcionarios de Venezuela y sus familiares, si bien la orden del juez no afecta a estos dos últimos países.
El magistrado Derrick Watson, de Honolulú, emitió el dictamen en respuesta a una demanda presentada por el Estado de Hawái, por una mezquita de la citada ciudad, por un imán y dos residentes de ese estado con familiares en los países afectados.
Según el juez, el veto decretado por Trump «claramente discrimina en base a la nacionalidad».
La polémica medida del presidente «sufre precisamente los mismos problemas que su predecesor: carece de suficiente base para mantener que la entrada de más de 150 millones de nacionales de los seis países especificados sería perjudicial para los intereses de EE UU», explicó Watson.
El 18 de octubre era el día que marcó Trump para la implementación de su nuevo veto, pero ahora no podrá entrar en vigor en lo que se refiere a los seis países de mayoría musulmana, aunque es previsible que el gobierno interponga un recurso contra la orden del juez.
En el caso de Venezuela, las restricciones solo afectan a algunos funcionarios y su «familia inmediata».
En concreto, quedan sancionados los funcionarios de Venezuela encargados de proporcionar a EE UU, información sobre la identidad de los venezolanos que ingresan a su territorio, es decir, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, entre otras instituciones.
Según afirmó Trump en la proclamación de su veto, el gobierno de Nicolás Maduro «no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública» de EE UU y, además, se niega a «compartir adecuadamente información relacionada con seguridad pública y terrorismo».
En respuesta, Trump decidió restringir la entrada a territorio estadounidense de los funcionarios encargados de esas funciones con el objetivo de presionar al Ejecutivo Venezolano a mejorar su intercambio de información con EE UU.