Organizaciones de personas con discapacidad de Honduras denunciaron hoy en Tegucigalpa el incumplimiento de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral y reclamaron más voluntad política para mejorar su situación.
El director de la junta directiva de la Organización de Discapacitados y Familiares de Honduras, Noé Alexander Méndez, dijo a Efe que el 80 % de los derechos de las personas con discapacidad «no se cumple».
Señaló la necesidad de que el Gobierno hondureño garantice a las personas con alguna discapacidad la educación, salud de calidad y el acceso a un empleo.
«La temática de discapacidad ha recibido muy poca atención» en Honduras, donde «ha sido violentada nuestra institucionalidad quitándonos la Dirección de las Personas con Discapacidad de la que dependían muchos», enfatizó Méndez.
En Honduras, con 8,6 millones de habitantes, hay más de 800.000 personas que padecen algún tipo de discapacidad y la mayoría es «víctima de discriminación», destacó.
La Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con discapacidad, aprobada en 2005, «no se cumple», pues no ha logrado eliminar las barreras que encuentra esa población en su día a día, indicó Méndez.
«Nos encontramos con muchas barreras (…) que dependen de la voluntad política, pues sino existe voluntad de quienes gobiernan el país es bien difícil que las personas con discapacidad podamos tener una vida próspera e inclusiva dentro de todo lo que demandan nuestros derechos», subrayó.
Los discapacitados deben «vencer a diario muchas barreras», insistió Méndez, quién hizo un llamamiento a los candidatos a la Presidencia de Honduras para que «volteen sus ojos» a esa población.
«Al próximo presidente de la República le pido que nos devuelva la institucionalidad, nos respete los derechos, no nos ponga barreras, sino que construyamos una verdadera inclusión a las personas con discapacidad, mano a mano», resaltó.
Estas son las principales preocupaciones de las organizaciones presentes hoy en el Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad en Honduras, que con este evento buscan crear un espacio de diálogo para que estos colectivos compartan sus experiencias sobre el acceso a la justicia y el cumplimiento de sus derechos, señaló a Efe Noemi Danao, directora del proyecto Unidos por la Justicia.
Para el proyecto, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), es «muy importante» el rol del Estado y de la sociedad civil para que a las personas con discapacidad se les reconozca como sujetos plenos de derechos humanos, añadió Danao.
Dijo además que espera que el encuentro sirva para conocer más sobre la situación de los discapacitados en Honduras y promover «acciones y propuestas concretas y reales» para que esas personas tengan acceso a «oportunidades y puedan vivir con dignidad».
En el encuentro, que se extenderá hasta el viernes, los participantes revisarán el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, la normativa que les protege e identificarán las barreras que limitan su empoderamiento. (EFE)