¿Ha recibido usted valor por sus recursos financieros?

Por Héctor Paz Lázarus
Consultor y catedrático universitario

Los recursos públicos pertenecen a la población, quien ha confiado su administración a su gobierno. El gobierno está obligado a utilizarlos transparentemente, con criterios de sostenibilidad financiera y rendir cuentas sobre sus fines. Los servidores públicos deben destinar los recursos financieros que se contratan y los que proveen los contribuyentes hacia el interés público: programas y proyectos que tengan un impacto sustantivo en la economía y sociedad. La población paga la cuenta si los recursos públicos se mal administran.

Los datos sobre el endeudamiento público de Honduras perturban. La deuda pública alcanzó US$10,627 millones a septiembre de 2017, de la cual US$6,779 es externa y US$3,848 millones interna. En 2009, la deuda pública sumó US$3,677 millones, de la cual US$2,342 millones era externa y US$1,335 millones interna (Sefin). En ocho años, la deuda pública aumentó considerablemente (US$6,950 millones). En 2009 debíamos un cuarto de nuestra producción nacional. Hoy adeudamos casi la mitad de ella, esclavizando a las futuras generaciones que tendrán que trabajar para pagar lo que debemos. Los montos de deuda pública son superiores a los indicados si se incluyera la deuda del Banco Central, la contingente, la flotante y los bonos del Inprema.

La deuda pública incluye la emisión de tres Bonos Soberanos por un valor de US$1,700 millones. Al considerar tasas y plazos, el endeudamiento por los bonos suma US$2,819 millones, sin incluir el efecto de la devaluación, las comisiones y otros gastos. Curiosamente, las tres emisiones se dieron en años electorales (dos en 2013 y una en 2017). Además, el Congreso Nacional aprobó una cuarta emisión de US$700 millones para el 2018.

El servicio de la deuda pública es el principal renglón dentro de los presupuestos del gobierno de 2017 y 2018. En 2017, se destinarán cerca de L.29,000 millones y en 2018 alrededor de L.35,000 millones para el servicio de la deuda. En ambos casos, se supera lo que se tiene previsto para inversión pública, mientras que dicho servicio representa 22% de los egresos en 2017 y 25% de ellos en 2018, restando capacidad al próximo gobierno para atender necesidades indispensables de la población.

Aparte del endeudamiento, se captaron ingresos corrientes por US$25,200 millones entre 2010-2017 (Sefin). En los últimos ocho años, los dos gobiernos han manejado una considerable cantidad de recursos, por lo que hay que preguntarse qué beneficios ha obtenido la población de dichos recursos en cuanto a mejorar su calidad de vida. Platicando con la gente y revisando las cifras, yo diría que no muchos.

Efectivamente, el ingreso nacional anual por persona pasó de US$1,573 millones en 2009 a US$1,952 millones en 2016, un aumento de apenas US$379 (BCH). En promedio, creció tan solo US$54 por año. El crecimiento económico, que ha sido moderado, ha beneficiado a pocos sectores y excluido a la mayor parte de la población. La tasa de desempleo y de subempleo ha tenido un incremento grande, pasando de 44% en 2010 a 63% en 2016. En el sector informal laboran 2.0 millones de personas, mientras que en el formal 1.7 millones. Además, tres de cada cinco hogares siguen siendo pobres, tendencia que se ha mantenido durante los últimos siete años (INE).

Por otro lado, Honduras, luego de mejorar su productividad y competitividad, empeoró este año en el Índice de Competitividad, al pasar de la posición 88 a la 96, de 137 países evaluados (Foro Económico Mundial). Lo más problemático sigue siendo el engorroso sistema tributario, la inseguridad ciudadana, la ineficiencia gubernamental, la corrupción, la pobre calidad de las instituciones, la baja eficiencia del mercado laboral y la inestabilidad en las políticas públicas, entre otros.

En un país poco productivo y competitivo, la calidad de vida de la población será pobre. El Índice de Desarrollo Humano, que es un índice compuesto que mide el grado de desarrollo de la educación, la salud y el ingreso per cápita, indica que Honduras ocupa la posición 130 de 188 países analizados en el 2016, contra 106 en 2009 (INE). La pésima calidad de vida se traduce en infelicidad. El Reporte de Felicidad Mundial nos ubica en la posición 104 de 157, incluyendo el último lugar en Latinoamérica (ONU).

La corrupción e impunidad siguen imperando fuertemente en nuestro país. Transparencia Internacional mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público de 175 países. La escala oscila de 0 (muy corrupto) a 100 (muy transparente). En 2016, da una calificación de 30 a Honduras, contra 31 en 2015.

La pregunta ahora es por qué no han dado resultados positivos los cuantiosos recursos financieros que han manejado los dos últimos gobiernos. Posibles respuestas: Se ha financiado gasto corriente, ineficiencia en inversión, falta de transparencia y concentración de recursos en sectores privilegiados, entre otras.

A la luz del proceso electoral que se avecina, a quién le confiará usted el manejo de sus recursos financieros para los siguientes cuatro años, si los dos últimos gobiernos nos han endeudado colosalmente y no han podido elevar la calidad de vida en Honduras. Más bien hay un marcado deterioro. Yo votaré por Luis Zelaya. Él se ha comprometido a rendir cuentas transparentemente en el marco del desarrollo inclusivo que promueve el liberalismo social. Su experiencia en el manejo fructuoso de recursos financieros es verificable cuando lideró el desarrollo de la principal universidad privada de Honduras.