Por: Antonio Flores Arriaza
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El concepto de soberanía popular es una doctrina política que quita el poder de un individuo al que antes se le atribuía el título de rey y al que se le consideraba “el soberano” y que, en esta nueva doctrina, dicha soberanía se le otorga al pueblo, a los ciudadanos. Mientras antes el rey era considerado un especial individuo que recibía de Dios o de un poder superior la delegación del poder y la autoridad, ahora se cree que los ciudadanos pueden delegar el poder que les es legítimamente suyo, en un individuo, pero, este individuo, no recibe este poder en forma indefinida sino, al contrario, se le concede por un período que el mismo pueblo establece y no el criterio o la voluntad del receptor del poder. Ya no hay poder sobre vida y propiedades de los demás. Tampoco sobre las voluntades. Esta libertad le fue concebida al hombre como una concepción liberal de los derechos a la libertad individual. Los ciudadanos están en la capacidad de darse a sí mismos su forma de gobierno, no es un individuo poderoso quien decida la forma de vida política de una nación. Así que el gobernante debe ganarse la confianza del pueblo para mantenerse en esa posición. La total pérdida de confianza en el gobernante brinda al pueblo hasta el derecho a la insurrección. Este derecho es aún considerado en el convenio para los tratados de Viena firmado en 1969 para regir los acuerdos en el mundo.
El otorgamiento de ese poder sobre ciertos individuos de la nación se expresa, en el mundo occidental de democracia liberal, a través del voto en un proceso electoral en el que participan todos los ciudadanos que asumen un comportamiento político responsable para consigo mismos, para con su familia y, para con su sociedad inmediata y nacional. Este es el procedimiento que la democracia liberal occidental ha diseñado para que tan importante toma de decisión sea concretada. Es, además, un procedimiento que bien puede considerarse científico ya que fácilmente se puede analogar con el procedimiento de muestreo en la investigación científica de enfoque cuantitativo pero, a diferencia del muestreo, se espera que en la votación electoral, no participe solo una parte de la población, sino, más bien, todo o casi todo el universo nacional. Obviamente, esta condición le brindaría al proceso una mayor autoridad: que todos o casi todos los ciudadanos aporten su voto en el proceso electoral es, sin duda, la mejor aspiración democrática.
Las minorías o los que se saben verdaderas minorías, aún cuando declaren lo contrario, saben que la participación popular electoral es su principal amenaza. Saben que un gobierno electo por pocos electores será un gobierno débil porque, precisamente, no contará con la voluntad del soberano. Ellos saben que es un poder colectivo que se logra por el poder del voto individual y que, mientras más individuos suma: más poder tendrá la delegación. Así que, estos grupos, buscarán disuadir a los ciudadanos para que no aporten su voluntad electoral, para lo que usarán todos sus recursos para disuadirles de aportar su voto. Aún cuando aparenten apoyar la votación de la ciudadanía.
Lo antes dicho nos sirve de base para comprender que el poder popular no es un derecho de un individuo o de un pequeño grupo que, por más que traten de convencernos que el pueblo los ha constituido como sus dirigentes y que, esto, implica ser depositarios del poder popular. El pueblo no entrega la autenticidad de su poder al delegar una porción de este poder. La soberanía le pertenece al pueblo.
Así que, la participación popular, es condición fundamental para definir la identidad de una nación y para proyectar las posibilidades futuras de la vida que podrá caracterizar a un pueblo: el futuro se define así y hoy.
Es improbable que un estado no liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento de la democracia, y por otra parte, es poco probable que un Estado no democrático sea capaz de garantizar las libertades fundamentales (Bobbio, 1986).