El encarcelado ex vicepresidente regional de Cataluña, el independentista Oriol Junqueras, pidió este martes al Tribunal Supremo español que lo ponga en libertad, tras renunciar a una ruptura unilateral con el resto de España, indicó su defensa.
Oriol Junqueras y al menos otros cinco miembros del gobierno catalán cesado por Madrid el mes pasado hicieron dicha solicitud este martes.
En total, diez figuras del independentismo catalán están en prisión provisional por rebelión y/o sedición: ocho integrantes del ex ejecutivo, y dos dirigentes de asociaciones independentistas.
Otros cinco, es decir el presidente cesado Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros, se encuentran en Bélgica y están reclamados por la justicia española.
En una alegación presentada por sus abogados, Oriol Junqueras y otros tres ex integrantes del gobierno catalán admiten que fueron destituidos por el ejecutivo central.
Además, «aceptan la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española», que permitió al gobierno de Mariano Rajoy intervenir la autonomía catalana el 27 de octubre, después de que el parlamento regional declarara la independencia de manera unilateral.
Eso sí, lo hacen «desde la más profunda discrepancia política y jurídica», puntualiza el texto.
En las alegaciones se precisa igualmente que «no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas, y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña».
El texto añade que Junqueras y otros tres ex consejeros de su partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se comprometen a defender en el futuro sus convicciones «por las vías del diálogo y la negociación». Descartan así el riesgo de «reiteración del delito» por el que están siendo investigados, es decir la ruptura unilateral con España.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, reaccionó a estos anuncios desde Barcelona, y dijo que más allá de los jueces, «los independentistas deben muchas explicaciones a los catalanes de por qué les han hecho el daño económico y social que les han hecho con todo el proceso (secesionista), para al final venir a reconocer que tienen que acatar la ley».
Se refería así a las casi 2.800 empresas que desde principios de octubre sacaron de Cataluña su sede social.
La salida de prisión de los ex consejeros les permitirá implicarse en la campaña previa a las elecciones regionales convocadas por Madrid para el 21 de diciembre. Los independentistas esperan renovar la mayoría que tenían en la anterior legislatura, iniciada en septiembre de 2015.
Según los sondeos, las intenciones de voto están muy repartidas entre los secesionistas y los partidarios de seguir en España, lo que podría arrojar un Parlamento dividido a partes iguales.(AFP)
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