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Con la desarticulación de una red comandada por cinco diputados del Congreso Nacional, que malversaron fondos públicos de una Organización No Gubernamental, se estrenó ayer lunes la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) luego de su creación en septiembre pasado.
Los diputados por los cuales la Fiscalía solicitó el requerimiento fiscal para iniciar el proceso penal por el presunto delito de malversación de caudales públicos son: Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Asensio, del Partido Vamos; Dennys Antonio Sánchez Fernández (PL) y Eleázar Alexander Juárez Saravia, del partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Al mismo tiempo, la Fiscalía solicitó la suspensión inmediata en cada caso de su cargo como diputados de los diferentes partidos.
Asimismo, se presentó acusación para Jeremías Castro Andrade, tesorero de la ONG; José Napoleón Panchamé Banegas, director ejecutivo de la ONG y Geovanny Castellanos Deras, gestor de las operaciones.
Este es el primer caso de corrupción investigado bajo el esquema de Equipos Integrados, Investigación y Persecución Penal, donde participan fiscales e investigadores y expertos internacionales que acompañan a fiscales hondureños así como a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
De acuerdo a las investigaciones la red de Diputados supuestamente se apropió ilegalmente de fondos públicos sociales que fueron desviados para uso personal, los parlamentarios se valieron de una ONG que recibía fondos destinados a proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
Además de ello, los funcionarios implicados en esta red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (Anpibch), ente que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por 3 millones 300 mil lempiras, el 14 y 21 de diciembre del 2015, pero en total se trasladó a dicha ONG 8 millones 300 mil lempiras, es decir, más de 6 millones 685 mil pesos, según lo expuesto en el comunicado de prensa.
Tras seguir la ruta monetaria detalla el documento, las investigaciones comandadas por fiscales comprobaron que los recursos público fueron desviados hacia los diputados quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos por lo que cayeron en la comisión del delito de malversación de caudales públicos.
“Esta modalidad delictiva ha drenado el dinero público destinado a proyectos sociales, permitiendo a los diputados y diputadas apropiarse ilegalmente de los recursos del país, a expensas del bienestar colectivo y de los sectores más vulnerables de Honduras”.
“Corresponde ahora a los órganos de justicia actuar diligentemente sobre las pruebas presentadas por la UFECIC y MACCIH y asegurar que los responsables de actos de corrupción contra el patrimonio público sean condenados de acuerdo a la gravedad de los actos cometidos”.
Trascendió ayer en la mañana que efectivos de las Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron allanamientos en las residencias de los señalados y que existe una orden de captura en su contra.
Melvin Duarte director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia precisó “Una vez presentado el requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público en contra de cinco miembros del Congreso Nacional todos diputados, se reunió el pleno de magistrados para asignar el expediente y la decisión de los mismos es que para conocer la etapa preparatoria intermedia del proceso actuando como juez natural de primera instancia la magistrada Alma Consuelo Guzmán”.
Prosiguió que como Corte de Apelaciones fueron nombrados los magistrados Reinaldo Antonio Hernández, Miguel Alberto Pineda Valle y la magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno”.
“Se hizo la entrega de toda la documentación, el juez natural analizará cada uno de los elementos presentados, valorará las peticiones que ha presentado la Fiscalía, conforme a Derecho y en el momento oportuno estará decidiendo sobre lo que ha sido peticionado”, explicó.
RECIBIERON POR LA ONG:
Héctor Padilla: 269 mil 460 lempiras.
Audelia Rodríguez: 359 mil 280 lempiras.
Augusto Cruz Asensio: 269 mil 460 lempiras.
Dennys Sánchez: 449 mil 110 lempiras.
Eleázar Juárez: 449 mil 110 lempiras.
DATO:
La juez natural sobre este caso es la abogada Alma Consuelo Guzmán García.
El Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, comentó estas acciones son “bajo un modelo novedoso que es el Sistema Penal Integrado de Investigación y Persecución Penal”.
“Este trabajo realizado por la UFECIC ha llevado horas de esfuerzo mucho tiempo y dedicación por parte de los equipos que nos ha permitido comenzar a tener un calendario, una planificación que se traduce en resultados”.
Chinchilla Banegas detalló que “la UFECIC presentó ante la Corte Suprema de Justicia el primer caso que abre una página histórica en el país, porque es el inicio de la puesta en práctica de este modelo hondureño de persecución e investigación penal integrado en conjunto”.
“El caso que se ha planteado es por el delito de malversación de caudales públicos que va dirigido contra cinco miembros del Congreso Nacional de la República y tres personas particulares que con su actuar y accionar participaron dentro de esta red que está siendo investigada”.
“En 2015 el gobierno de Honduras, propuso la creación de un sistema hondureño integral para el combate a la corrupción e impunidad que fue plasmado en una misiva enviada por el Estado hondureño al señor Almagro, en su condición de secretario general de la OEA, el 14 de septiembre de ese mismo año, la cual fue contestada el 28 de septiembre proponiendo la creación de la misión.
“El 17 de noviembre el gobierno de Honduras estudia, discute y aprueba esta propuesta por lo que llevó a esa fecha histórica del 16 de enero del 2016 que es cuando se firma el convenio que crea la Misión Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA)”.
Durante la rueda de prensa el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA), Juan Jiménez Mayor compartió que “La ONG desvió los fondos hacia los cinco diputados, hacia otras ONGS e inclusive, otras personas”.
“Los diputados recibieron cheques de esta ONG, los cobraron en efectivo el día del giro y algunos los depositaron en sus cuentas bancarias, la investigación llegó a determinar el uso ilícito de los fondos por parte de los altos funcionarios del Estado que lo hicieron para uso personal”.
En el caso de cuánto fue lo que recibió cada uno de los parlamentarios, Jiménez Mayor, explicó que Héctor Padilla, recibió en cheques 269 mil 460 lempiras, la diputada Audelia Rodríguez, obtuvo mediante cheques 359 mil 280 lempiras, Augusto Cruz Asensio percibió mediante cheques 269 mil 460 lempiras.
Agregó que Dennis Sánchez y Eleázar Juárez recibieron 449 mil 110 lempiras cada uno.