Por: Xiomara Mairena
Fotos: Henry Carbajal

Cinco parlamentarios acusados por el presunto delito de malversación de caudales públicos fueron suspendidos de sus cargos tras presentarse voluntariamente y ejecutarse la audiencia de declaración de imputados. La decisión fue tomada por la jueza natural, magistrada Alma Consuelo Guzmán.

Asimismo, les dictó medidas distintas a la prisión, que consisten en la prohibición de cambiar domicilio fijado en la audiencia, presentarse los días viernes de cada semana a los juzgados penales donde tienen su domicilio, y la prohibición de salir del país.

De igual manera, tienen prohibido personarse al Congreso Nacional y a la sede de la ONG ANPIBCH, comunicarse con el presidente del Poder Ejecutivo y Legislativo o empleados o funcionarios que hayan laborado a partir del año 2015 o empleados y exempleados de la ONG. Finalmente se determinó suspender a todos los imputados en el ejercicio de su cargo.

La medida cautelar es para los diputados del Partido Vamos, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Asensio; Dennys Antonio Sánchez Fernández del Partido Liberal y Eleazar Alexander Juárez Saravia del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Igualmente se vincula a tres exfuncionarios de la ONG, identificados como José Napoleón Panchamé Banegas, director de la organización; el tesorero Jeremías Castro Andrade y el gestor Geovanny Castellanos Deras.

CONFORMES CON RESOLUCIÓN

Tras la llegada de los parlamentarios a los juzgados, a las 8:40 de la mañana se llevó a cabo la audiencia inicial. Tanto el Ministerio Público (MP), como la defensa de los diputados, a cargo del abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, estuvieron de acuerdo con la resolución de la juez.

Al momento en que la juez natural les consultó a los imputados si deseaban prestar su declaración, cada uno de ellos manifestó su negativa a rendir la declaración en relación a los hechos presentados.

El MP se pronunció reiterando su acusación por el delito de malversación de caudales públicos, en relación a la supuesta apropiación de 8.3 millones de lempiras, al tiempo que solicitó la medida cautelar de detención judicial enmarcada en el artículo 292 del Código Procesal Penal, atendiendo al riesgo de fuga, según se argumentó, y la potencial obstrucción a las fuentes de prueba.

El ente acusador solicitó adicionalmente para los cinco diputados la suspensión en el ejercicio del cargo, contemplada en el artículo 173 numeral 12 del Código Procesal Penal, cuando se atribuye un delito contra la administración pública. La misma posición fue planteada por parte de la representación de la Procuraduría General de la República (PGR).

La defensa técnica se opuso a la pretensión del ente acusador, al asegurar que cada uno de los imputados tiene suficiente arraigo y están en toda la disposición de presentarse y comparecer a cada una de las etapas del proceso y a las audiencias que sean necesarias según el mandato de la judicatura. La jueza rechazó la petición de la defensa, de que los imputados quedaran bajo su supervisión, por ser parte interesada.

MEDIDAS CAUTELARES

Una vez analizados los argumentos presentados por las partes, la juez natural consideró que no se cumplen los supuestos suficientes para considerar que existe un peligro de fuga o de obstrucción de la investigación, por lo que resolvió imponer medidas cautelares distintas a la privación de libertad. De esta manera, los ocho imputados van a poder recibir el Año Nuevo con su familia.

El director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, explicó que “la resolución no fue objeto de impugnación ante la decisión de la juez, las seis medidas fueron aprobadas por ambas partes, quienes quedaron conformes”.

No obstante, el abogado defensor de los diputados comentó que “mis representados tienen toda la voluntad de comparecer a cualquier llamamiento judicial, sin embargo, la juez valoró otros aspectos y consideró dictar las medidas que en su momento se sabrán”.

“Es un delito eminentemente técnico, en el cual interviene o hay que valorar bastante documentación, bajo ese contexto, la juez natural decidió dar la mayor claridad y transparencia posible en este proceso”, aseveró.

En cuanto a la suspensión de cargos a sus cinco representados, Sánchez Cantillano explicó que “la suspensión es una medida cautelar, que la juez a su criterio nosotros la respetamos sin perjuicio de que el objetivo primordial era que estas personas fueran escuchadas en libertad”.

PREOCUPADOS AL INICIO

A las 8:00 de la mañana, casi al mismo tiempo, llegaron los cinco parlamentarios. Tres de ellos dijeron sentirse tranquilos porque venían a desvanecer y a demostrar su inocencia.

En el caso del diputado por el departamento de Valle, Eleazar Juárez, aseguró que tiene todas las pruebas para salir bien y libre de esta acusación, demostrar en qué se gastó el dinero y “no es ningún delito gestionar fondos para el departamento, el delito es agarrarlo y utilizarlo en otro tipo de situaciones o de manera personal y yo no lo he hecho”.

“Venimos con la frente en alto y seguro que vamos a dar respuesta a esto para aclarar con las pruebas necesarias, vamos a presentar las pruebas para demostrar que mi dinero que solicité fue empleado, solicité un fondo para fumigar y he andado fumigando el departamento y tengo pruebas”, precisó.

Juárez dejó claro que en 12 años que tiene como diputado, nunca ha tocado “un centavo que no es de nosotros y prueba de ello es las liquidaciones que traemos y esto será contundente ante las acusaciones.

Por otro lado, el diputado de Francisco Morazán, Augusto Cruz Asensio, dejó claro que van a esclarecer todas las acusaciones con las pruebas que tienen, “lo que vamos hacer es esclarecer todas las denuncias que tenemos en nuestra contra, agradecemos a la prensa porque verán que estamos libres de esto”.

Mientras, el diputado de Santa Bárbara, Denis Sánchez, aseguró que no tiene nada que esconder, “tengo la capacidad de demostrar mi inocencia, estoy tranquilo, me parece que se nos ha tratado muy mal, como los peores delincuentes, estamos con la moral en alto, para demostrar de qué estamos hechos, quién soy yo en Santa Bárbara, el hecho de estar acá, ante la justicia, no tengo nada que esconder”, expresó.

“Yo tengo la capacidad de acreditarle cualquier cantidad, he sido un hombre entregado, viviendo con la necesidad de las comunidades”, indicó.

Los diputados que no dieron declaraciones al entrar a la audiencia de declaración de imputados, fueron Audelia Rodríguez y Héctor Padilla.

INVESTIGACIÓN LOS MONTOS RECIBIDOS

Héctor Padilla: 269,460 lempiras. Audelia Rodríguez: 359,280 lempiras. Augusto Cruz Asensio: 269,460 lempiras. Dennys Sánchez: 449,110 lempiras. Eleazar Juárez: 449,110 lempiras.

INVESTIGACIÓN RECIBIERON 15 CHEQUES DE ONG

De acuerdo a las investigaciones, la red de diputados supuestamente se apropió ilegalmente de fondos públicos sociales que fueron desviados para uso personal. Los parlamentarios se habrían valido de una ONG que recibía fondos destinados a proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional. Además de ello, los funcionarios recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), ente que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por tres millones 300 mil lempiras, el 14 y 21 de diciembre de 2015, pero en total se trasladó a dicha ONG 8 millones 300 mil lempiras, es decir, más de 6 millones 685 mil lempiras, según lo expuesto en el comunicado de prensa. Tras seguir la ruta monetaria, según detalla el documento, las investigaciones comandadas por fiscales comprobaron que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, por lo que cayeron en la comisión del delito de malversación de caudales públicos. Para este caso, en la Corte de Apelaciones, fueron nombrados los magistrados Reinaldo Antonio Hernández, Miguel Alberto Pineda Valle y la magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno.

DATOS

El pasado lunes 11 de diciembre fue anunciada por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP), una red comandada por cinco diputados del Congreso Nacional, que malversaron fondos públicos de una Organización No Gubernamental. Durante rueda de prensa, el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA), Juan Jiménez Mayor, compartió que “la ONG desvió los fondos hacia los cinco diputados, hacia otras ONG e inclusive, otras personas y que dichos fondos fueron para uso personal por parte de los parlamentarios”.