Por Marcio Enrique Sierra Mejía
Lo primero que debemos entender es el concepto de igualdad que como lo define la CEPAL es el horizonte del desarrollo, el cambio estructural como el camino y la política como el instrumento; en consecuencia, se trata de generar pactos para la igualdad que aseguren un futuro sostenible (CEPAL, 2014ª). A fin de avanzar en esa dirección, nuestro Estado debe tener un papel activo en la “regulación, fiscalización y redistribución, mediante políticas públicas activas en numerosos ámbitos del desarrollo; por tanto, se requieren pactos en diversas áreas” (CEPAL, 2014ª). Al respecto, la CEPAL ha propuesto siete tipos de pactos: para una fiscalidad con vocación de igualdad; para la inversión; la política industrial y el financiamiento inclusivo; para la igualdad en el mundo del trabajo; para un mayor bienestar social y mejores servicios públicos; para la sostenibilidad ambiental; para la gobernanza de los recursos naturales; y por el desarrollo y la cooperación más allá de 2018, por parte de la comunidad internacional, pensando en todos estos pactos en términos de un desarrollo social inclusivo (CEPAL, 2014ª).
En Honduras, hoy por hoy, tenemos la magnífica oportunidad de replantear los pactos sociales, laborales y fiscales, redefiniendo los compromisos recíprocos a asumir de tal forma que los personajes involucrados en el diálogo adquieran nuevos compromisos, que contribuyan una vez apropiadas las propuestas, al cambio de políticas e instituciones sociales que políticamente sean sostenibles en un marco de implementación factible.
El diálogo al que ha llamado el presidente electo hace posible realizar un compromiso para emprender reformas institucionales sobre la base de un proceso de consulta y negociación, en que se combina la articulación de personajes políticos y sociales mayoritarios con la definición de posturas más claras, y ampliamente compartidas, por quienes representan a esos sectores (CEPAL, 2014ª). Al postular un pacto social en torno a la igualdad debemos centrar la atención en el conjunto de instituciones llamadas a promoverla, entre las que destacan todas las vinculadas con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) que ejecutan programas y proyectos de bienestar social y la política Vida Mejor para la Igualdad, a fin de profundizar en “la creación de condiciones políticas, jurídicas e institucionales que nos permitan avanzar hacia la igualdad. En este sentido de lo que se trata, es de avanzar hacia la superación de la pobreza y hacia la reducción de las desigualdades y de la exclusión social” (CEPAL, 2014ª). Lograr el desarrollo inclusivo a través de una generación de políticas pactadas para superar la pobreza. Los personajes involucrados en el diálogo tienen la oportunidad de fijar acciones perentorias en las dimensiones de exclusión y discriminación que tienen mayor duración en el tiempo o cuyas proporciones son esencialmente desproporcionadas. De manera tal, que esos sectores sociales en situación de vulnerabilidad puedan percibir cambios, movilidad y caminos de salida. Es necesario incrementar las oportunidades productivas y de acceso al trabajo decente, fomentar el desarrollo de las capacidades de las personas y conformar sistemas más inclusivos de protección ante vulnerabilidades y riesgos (CEPAL, 2014). La construcción del pacto social “entraña una dinámica colectiva de aprendizaje en cultura democrática, en normas de negociación, en reciprocidad de derechos y en disposición a ceder intereses propios en aras del bien colectivo (Hopenhayn y otros, 2014, página 24).
En la medida en que concurran una amplia gama de actores, se enfrentarán conflictos y dificultades, por lo que la sostenibilidad de los acuerdos, dependerá directamente de la capacidad para lograr procesos de diálogos incluyentes.
Obviamente, los efectos virtuosos del pacto social deben gravitar decisivamente en el desempeño económico y la distribución de sus frutos en el bienestar de las personas. Se tiene que asegurar el avance del desarrollo social e impedir su reversión, enfrentando las tareas pendientes con políticas y una institucionalidad renovada, para que los acuerdos, que implican legitimidad y sostenibilidad en el tiempo, aseguren las reformas planteadas y permitan procesar los conflictos y las visiones contrapuestas que surgen en un diálogo democrático.
El diálogo político debe permitir trascender la adopción de políticas que tiendan a favorecer intereses parciales de coaliciones como la alianza LIBRE-PINU y grupos de interés como el COHEP u otras que gozan de gran poder económico y político. Se trata de aprovechar la “coyuntura” para emprender reformas más amplias, ambiciosas y perdurables, que no estén sujetas a vaivenes electorales y a cambios de gobierno. Por lo que se hace vital contar con acuerdos básicos que vayan más allá del diálogo del “momentum” a fin de lograr cerrar brechas estructurales que, por definición, requieren compromisos fiscales y sociales de largo plazo.