Por Carlos López Contreras
Ex Canciller de la República
Una elección reñida no debería, en ningún país del mundo, dar lugar a un nuevo punto de partida de un Estado. Los resultados reñidos son comunes y, cuando los partidos son democráticos, aceptan el mandato popular, sea este favorable o adverso.
En las elecciones de 2017 se partió de la premisa de que las elecciones serían fraudulentas. Y que ciertos partidos solo aceptarían pacíficamente los resultados si le reconocía la victoria electoral. Si no fuera así, que tenía derecho a la rebelión.
Las veleidades que se han especulado con los resultados electorales son absurdas. Si habían varias formaciones electorales, cada una promovía sus candidaturas propias. Es ridículo que después de las elecciones se pretenda decir que Partido Liberal y Alianza fueran votos contra el Partido Nacional; porque lo mismo puede sostenerse que Partido Nacional y Partido Liberal eran votos contra la Alianza; o que Partido Nacional y Alianza eran votos contra el Partido Liberal. Esas son invenciones oportunistas para impresionar a personas ávidas de sorpresas inverosímiles. El resultado electoral fue el que ofreció el TSE: cada uno sacó lo suyo; hubo un ganador, un segundo cercano y un tercero más alejado. De esos resultados no pueden hacerse batidos al gusto del cliente.
Esa posición no es consistente con nuestro orden jurídico. Los principios que inspiran nuestra Constitución vigente, datan de las Constituciones de 1957, 1965 y 1982 y cumplen, en consecuencia, este año, sesenta años de vigencia y de tradición.
Los derechos en ella regulados están inspirados en la declaración universal de los derechos del hombre garantizando que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos; que todos tenemos derecho al debido proceso, a la libre locomoción, a la propiedad, a la libertad de conciencia y pensamiento, etc.
Y en lo concerniente a la participación política, todos tenemos derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; de participar en política, pero que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y que dicha voluntad deberá expresarse mediante elecciones auténticas, periódicas, por sufragio universal e igual y por voto secreto.
Por mucho que se ambiciones convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la cierto es que nuestra Constitución está perfectamente alineada con la declaración universal en este campo, porque expresa que el sufragio es un derecho y una función pública; que el voto es universal, obligatorio, igualitario, libre y secreto.
Los partidos son, dice nuestra Carta Magna, instituciones de derecho público, …para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos; y agrega que se prohíbe a los partidos atentar contra el sistema republicano y representativo de gobierno.
El marco jurídico que la Constitución y su legislación ordinaria desarrolla ofrece a los habitantes de la República el estado de derecho, es decir la seguridad en el ámbito de la paz justa o de la justicia pacífica. La Constitución rechaza la anarquía, porque es contraria al orden; y porque el orden demanda un ordenamiento, poderes independientes y complementarios que hagan efectivo el ordenamiento jurídico.
El régimen constitucional de Honduras, se basa en el modelo occidental, vale decir, en la confianza, en el individuo o en la persona humana; la creencia en el valor del diálogo y el gusto por la organización racional.
Todo sistema político es perfectible, incluyendo la democracia representativa. Pero cuando un resultado electoral es reñido, no es motivo para reconstruir toda la estructura jurídica fundamental del Estado.
El que debe reconstituirse es el partido que perdió las elecciones. Integrarse al proceso democrático y no esperar que un impredecible personaje de una organización internacional o un personaje extranjero venga a robustecer su posición política y, de paso, cambiar el orden social de Honduras.
Estamos a punto de llegar a los 200 años de vida independiente. Ya tenemos la madurez suficiente para ayudar a otros países con menos experiencia en cuestiones de organización política.
Es una verdad incontrovertible, en todos los escenarios de la vida, que los mediadores siempre tienen su propia agenda oculta.
Honduras se ha destacado en la historia por su vocación por el diálogo y ha logrado superar las crisis, nacionales e internacionales, por la vía del diálogo.
Confiemos en nuestros propios facilitadores nacionales con formación ética, sociológica, humanista y hondureñista para lograr los mejores acuerdos de los hondureños: de ninguna manera en personajes que pretenden presentarse como mesiánicos, pero que de seguro ya tienen ganado un interés extranjero a expensas de nuestro país.
Finalmente, un diálogo sin el aglutinante que lo pondrá en marcha, sin el gobernante que asuma la responsabilidad de traducirlo en una realidad vibrante para nuestro país es como construir una utopía para comentarla durante siglos venideros.
Las elecciones pasaron. Los que perdieron, a reagruparse democráticamente. Los que ganaron a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades de Estado, ante el pueblo hondureño y ante el mundo.