Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario
Así como preparó su inconstitucional proyecto continuista, el Presidente, desde que fungía como presidente del Congreso Nacional, comenzó a construir la institucionalidad que le garantizara la imposición del continuismo y su sostenimiento en el tiempo. Lo logró, en ocasiones con la perversa complicidad de los partidos de oposición.
La historia enseña que el continuismo no es del agrado de los hondureños. Prueba irrefutable de ello es que se haya prohibido desde la Constitución de 1894, ininterrumpidamente. Y prueba de hasta donde puede llegar el pueblo hondureño en defensa del principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, es la guerra de 1924, con varios miles de muertos, y las protestas del año 1944, cuando el pueblo harto de la dictadura de Carías, pierde el miedo y se lanza a las calles protestando contra el “cariato”, en Tegucigalpa y San Pedro Sula; en esta última, la dictadura perpetró una masacre, que, según el historiador Argueta, un diplomático estadounidense calificó de “grande, bárbara y a sangre fría”, con, aproximadamente, 28 muertos.
Para asegurarse de que la historia no se repita, el Presidente creó una estructura institucional que le permitiese tener control legal y total sobre todas las instituciones que le permitan garantizar el continuismo.
Dotó de ley al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), reservándose la presidencia e incorporando a este, en condición de miembros, a los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema, así como al Fiscal General, y asignando la ejecución de sus resoluciones a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, integrada, principalmente, por militares, bajo cuya responsabilidad están las intervenciones telefónicas, la aplicación de la ley de secretos y la aplicación de pruebas de confianza a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema, Fiscal General y Fiscal Adjunto, y demás funcionarios de alto nivel.
Creó la Policía Militar del Orden Público, PMOP, un cuerpo armado paralelo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, reconoció a sus miembros privilegios especiales y la dotó de moderno equipo y en cantidades suficientes para convertirla en una verdadera fuerza armada, con posibilidades de imponerse a los demás cuerpos armados y reprimir, si fuese necesario, a quienes protesten contra su inconstitucional proyecto continuista, como lo estamos viendo, con un despliegue impresionante de elementos y de equipo, nunca empleado en la lucha contra el crimen común y organizado.
La PMOP es, sin duda, la piedra angular de la dictadura por lo que se describe en los párrafos que siguen. Sin embargo, según su ley constitutiva, su “función principal es dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 272 y 274 de la Constitución de la República”, y resulta que el 272, constitucional, establece, entre otras obligaciones, defender el principio de “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”, sí, ese principio que violó el Presidente y que ha provocado las protestas que ahora reprime usando la PMOP.
Pero lo más grave es que su ley constitutiva dispone que la Policía Militar “debe ser acompañada de jueces y fiscales con jurisdicción y competencia nacional que hayan aprobado las pruebas de evaluación de confianza practicadas por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia… los cuales deben ser asignados por las autoridades correspondientes a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”.
De esta disposición se desprende que la PMOP depende realmente del Presidente de la República, quien, en definitiva, escoge los jueces y fiscales que, según esa ley, “acompañan” a la PMOP, en otras palabras, dependen del jefe de este cuerpo armado, lo que significa que, además de hacer añicos el principio de la unidad del MP y militarizar la justicia penal, con jurisdicción nacional, la hizo depender, vía la PMOP, del Presidente de la República. Y esta jurisdicción es la competente para conocer del delito de terrorismo, que, entre otros supuestos, contempla la protesta social.
Se trata de una red de instituciones dedicada a satisfacer los caprichos del Presidente, entre estos, su inconstitucional proyecto continuista, que tantas vidas ha cobrado, y a reprimir a todos los que se opongan a sus abusos. ¡Policías, fiscales y jueces defendiendo al que viola la ley y reprimiendo al que protesta contra esas violaciones!
¿Es este un estado de derecho? ¿Hay independencia de los poderes del Estado? ¿Existe independencia judicial? La respuesta la tiene usted, distinguido lector.