En suspenso continúa la decisión de la jueza natural, Alma Guzmán, en torno al caso de la supuesta Red de Diputados, denunciada por el Ministerio Público (MP), en diciembre del año pasado, luego que determinara suspender la audiencia inicial en la que se conocería la resolución.
Según informó el director de comunicaciones del Poder Judicial, abogado Melvin Duarte, la jueza Alma Guzmán no logró terminar con la evaluación de las pruebas, por lo que el pasado jueves determinó suspender la misma y programarla para el próximo miércoles 24 de enero, a las 2:00 de la tarde.
“Tanto las pruebas presentadas por la defensa y la parte acusadora es abundante, por lo que la juez no quiere ser irresponsable y dar un veredicto en torno al caso”, explicó el abogado Duarte.
MALVERSACIÓN
El MP y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción la Impunidad (MACCIH), acusaron del supuesto delito de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad a cinco congresistas.
Los imputados son Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez y Augusto Domingo Cruz Asensio, todos del Partido Vamos. Asimismo, Dennys Antonio Sánchez Fernández, del Partido Liberal (PL) y Eleazar Alexander Juárez Saravia del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Al mismo tiempo son acusados José Napoleón Panchamé Banegas, director de la Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH); Jeremías Castro Andrade, tesorero de esa Organización No Gubernamental (ONG); y Geovanny Castellanos Deras, gestor.
De acuerdo a la acusación, a través de investigaciones del equipo UFECIC-MP-MACCIH, se descubrió a la red de diputados que extrajo y se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a programas sociales que fueron desviados para uso personal.
La investigación establece que los legisladores solicitaban fondos al Poder Ejecutivo y luego estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los recursos públicos a los propios congresistas.
Los parlamentarios implicados en esta red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ANPIBCH, la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas, por 3 millones 300,000 lempiras, el 14 y 21 de diciembre de 2015. En total, se trasladó a dicha ONG 8 millones 300,000 lempiras.
Según lo que se ventila en el informe, los diputados recibieron cheques de esta ONG, los cobraron en efectivo el día del giro y algunos los depositaron en sus cuentas bancarias. La investigación llegó a determinar el uso ilícito de los fondos por parte de los altos funcionarios del Estado, que lo hicieron para uso “personal”.
El MP se pronunció reiterando su acusación por el delito de malversación de caudales públicos en relación a la supuesta apropiación de 8.3 millones de lempiras, al tiempo que solicitó la medida cautelar de detención judicial enmarcada en el artículo 292 del Código Procesal Penal, atendiendo al riesgo de fuga, según se argumentó, y la potencial obstrucción a las fuentes de prueba.
El ente acusador solicitó adicionalmente para los cinco diputados la suspensión en el ejercicio del cargo, contemplada en el artículo 173 numeral 12 del Código Procesal Penal, cuando se atribuye un delito contra la administración pública. La misma posición fue planteada por parte de la representación de la Procuraduría General de la República (PGR), durante la audiencia de declaración de imputados.
PREOCUPADOS
Tras conocer que la jueza reprogramó el desenlace de la audiencia inicial por la causa penal que se les sigue para la próxima semana, los cinco congresistas no quisieron dar declaraciones a los medios de comunicación y solamente dijeron que “lo siento, hoy no podemos hablar con ustedes, tenemos una reunión”.
Algunos, aun con una sonrisa, y saliendo con la frente en alto, mientras otros se observaban preocupados, tras la kilométrica audiencia que no termina.
DATOS
¿Cuánto dinero recibieron los congresistas acusados? Según la investigación, Héctor Padilla recibió en cheques 269,460 lempiras, la diputada Audelia Rodríguez obtuvo mediante cheques 359,280 lempiras, Augusto Cruz Asensio percibió mediante cheques 269,460 lempiras y los parlamentarios Dennys Sánchez y Eliazar Juárez recibieron 449,110 lempiras cada uno.
ABOGADO DEFENSOR
“Los hechos deben de probarse”
Mientras tanto, el abogado defensor de los ocho imputados, Juan Carlos Sánchez Cantillano, opinó que el caso que se les sigue a los diputados se ha tornado en dos juicios, uno que lleva el vocero de la MACCIH, que lo hizo ayer, a través de los medios de comunicación, y el otro que se concretó, que ha manejado la juez natural.
“En relación a la información que ha relacionado el vocero de la MACCIH, creo que ha habido dos aspectos importantes que le han dado información de manera equivocada o está mintiendo de manera deliberada, bajo estas consideraciones, es importante apegar a lo que se ha manejado, ventilado y acreditado durante el transcurso de la audiencia”, apuntó.
Asimismo, dijo que “en ese sentido, la prueba que se evacuó en la audiencia inicial, la fiscalía jamás presentó un documento, un medio de prueba documental, que sea factura, recibo, para efectos de acreditar a los cuales se refiere el vocero de la MACCIH”.
“Los hechos deben de probarse y acreditarse en el proceso, un perito del Ministerio Público, que dijo y relacionó sobre unas supuestas facturas y recibos, al momento de ser contrainterrogado por la defensa, manifestó que no la tenía en su poder y al consultarle dónde se encontraba esa documentación, estableció que estaban siendo objeto de verificación”, puntualizó.
VOCERO DE LA MACCIH
“Deberán ser llevados a juicio”
En comparecencia ante los medios de comunicación el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, dijo “en la audiencia de declaración de imputados, en el caso Red de Diputados, que se realizó el 28 de diciembre, se determinó la medida sustitutiva de prisión, nosotros planteamos una petición distinta y UFECIC fue la que llevó ese objetivo”.
“Es difícil que la jueza natural establezca una absolución, eso es imposible porque hay más que indicios de lo que sucedió en este caso”, apuntó.
Además, recordó que en la audiencia inicial del pasado 11 y 12 de enero, la jueza estableció la determinación del inicio del proceso penal. “No estamos hablando en este momento de la condena de las personas, si no que si existen indicios suficientes, entonces, estas personas deberán ser llevadas a juicio y eso sobradamente se ha logrado”.
Pormenorizó que “la UFECIC, en este caso que tenemos más que indicios de la responsabilidad penal de las personas involucradas. En primer lugar, se ha demostrado que el dinero que usó esta ONG es un dinero público que salió de la Secretaría de Finanzas y está demostrado que ese dinero público fue desviado hacia los propios diputados”.
Del mismo modo, el vocero sostuvo que las diligencias de UFECIC han demostrado el uso de los bienes y recursos por parte de los parlamentarios y esos fondos no se usaron para proyectos sociales, “los usaron para efectos personales, comprarse zapatos y pagarse sus tarjetas de crédito”.