En los últimos cuatro años el sector privado hondureño calcula que, por el 1.5 por ciento de Impuesto sobre la Renta (ISR), las empresas, desde pequeñas, medianas y grandes, han pagado aproximadamente diez mil millones de lempiras al gobierno.
Empezó como una figura antievasión, de forma temporal, pero se quedó con la derogación del Artículo 22-A de la Ley del ISR, aprobada bajo Decreto 278-2013 que fue la base del “paquetazo fiscal”, que permitió sanear las finanzas públicas.
Datos del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES) del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), documentan pagos anuales promedio de las empresas a la administración tributaria de entre 2,500 a 3,000 millones de lempiras.
DESTITUCIÓN Y RECHAZO
Con el 1.5 por ciento se gravan los ingresos brutos de las unidades productivas con ventas mayores a diez millones de lempiras por año, entró de a poco al irrumpir después el 2010 con un aporte del 1.0 por ciento.
Dos años después, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) metió un recurso de inconstitucionalidad que surtió efectos positivos, antes que fueran destituidos los cinco magistrados que conformaban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS).
El 2014, el departamento Legal del Cohep intentó quitarse este cobro, introduciendo un recurso igual al que metió la Andi, pero recibió el rechazo de los magistrados de ese momento que denegaron lo solicitado.
La eliminación de este tributo fue una de las promesas en la última campaña electoral, que terminó con una elección general que sumió al país en una nueva crisis política con efectos sobre el aparato productivo.
El tema cobra fuerza porque la cúpula empresarial pide la derogación -y no la revisión, como promete el Poder Ejecutivo- de ese impuesto antievasión. Sin embargo, Finanzas cuenta con estos ingresos al quedar establecido así en el Presupuesto General de la República 2018.
IMPUESTOS VERSUS EMPLEO
Ante la insistencia del sector privado, una de las propuestas públicas de la Secretaría de Finanzas (Sefin), es revisar por rubro, pero que las empresas se comprometan a la vez y por escrito, a crear determinado número de empleos.
En cambio, la cúpula empresarial presenta varios argumentos al contrastar que con los diez mil millones de lempiras que ha sustraído el gobierno de la economía, las empresas han dejado de crear aproximadamente 200 mil puestos de trabajo.
El dato sale al dividir 10,000 millones erogados, entre 50,000 lempiras que se requieren para crear un empleo en Honduras, según mediciones de inversión y mercado de trabajo.
Para tener una idea del impacto negativo, el CIES realizó una encuesta entre los empresarios de ocho rubros, las empresas que trabajan en base a volumen aparecen como las más afectadas.
Se conoció que una cadena de supermercados está entre continuar o irse a la quiebra, aduciendo baja rentabilidad, luego de cuatro años de estar pagando el 1.5 por ciento al fisco.
CONSTRUCCIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA EN ‘’ROJO’’
La medición de daños por rubros, muestra a la construcción, transporte y almacenamiento, agricultura, silvicultura, caza y pesca, entre los que menos están ganando, con utilidades del 1 y 3 por ciento, respectivamente.
Las empresas que escapan a la descapitalización, supuestamente por culpa de este tributo, son del sector Inmobiliario y Turismo con 9 y 54 por ciento; en resumen, se salvan solo las unidades productivas, con utilidades mayores el 6 por ciento.
Los análisis indican que a pesar que nominalmente las empresas deben pagar una tasa del 25 por ciento sobre los ingresos, al final, terminan pagando una tasa promedio del 42 por ciento, solo comparado al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE).
En conclusión, los empresarios argumentan que, aunque este ingreso ya está documentado, se puede eliminar y citan que las proyecciones de recaudación siempre han sido mayores a lo proyectado en estos años.
EXTEMPORÁNEO
También, que ya no tiene razón de ser, como medida antievasión, porque la implementación del Sistema de Facturación Electrónica llegó a cumplir la misión original para que fue implementado el 1.5 por ciento.
Para algunos dirigentes de la iniciativa privada, el 1.5 por ciento fue una especie de venganza general que aplicó el gobierno al sentirse incapaz de controlar la evasión al momento de implementarlo en 2013.
Se sumó, en su momento, el déficit fiscal del 7.9 por ciento que experimentaron las finanzas públicas.
En este momento ven factible eliminarlo al existir, hoy día, una administración tributaria fortalecida, con personal capaz que cuenta con las herramientas necesarias para atacar la evasión como la facturación electrónica y la Ley de Precios de Transferencia.
Al analizar en un contexto amplio, resulta que el 1.5 por ciento representó el 10 por ciento del total de la meta impositiva del año anterior y el 1.86 por ciento del PIB nominal del país.
Pero para empresas que facturan volúmenes altos con baja rentabilidad, esta medida impositiva ha sido un factor de desequilibrio financiero, resumen los informes del sector privado hondureño. (JB)