El gobierno insistió a los empresarios que deben generar más empleos e inversiones, en el caso que se elimine el 1.5 por ciento sobre las ventas brutas al Impuesto sobre la Renta (ISR) de las personas jurídicas que se aplica desde el 2014.
La Secretaria de Finanzas (Sefin) Rocío Tábora fue nombrada por parte del gobierno como responsable de coordinar la negociación con el sector privado sobre temas fiscales como el 1.5 por ciento y exoneraciones, entre otros asuntos relacionados con ingresos y política fiscal.
“Cualquier negociación que lleguemos tiene que ser en función de mayor inversión, generación de empleo y que los empresarios hagan su trabajo como principales generadores de trabajo, nosotros generamos condiciones pero protegiendo derechos de las personas”, expuso Rocío Tábora.
Solo en exoneraciones, señaló la funcionaria, el Estado deja de percibir 37 mil millones de lempiras, equivalente a 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“Los equipos técnicos están revisando si es progresivo, factible o a cambio de qué”, ratificó Tábora, al sostener su argumento que el Congreso Nacional aprobó un presupuesto que debe respetar. “Si me dicen que tengo que quitar dinero, tengo que ver a donde lo voy a cortar”.
En los últimos cuatro años el sector privado hondureño calcula que, por el 1.5 por ciento de ISR, las empresas, desde pequeñas, medianas y grandes, han pagado diez mil millones de lempiras al gobierno.
“No es un tema fácil, lo acordamos teniendo a Honduras como objetivo principal. Las personas, el empleo, oportunidades y la inversión son el referente y los principios que nos unen”, agregó Rocío Tábora.
En la negociación los equipos también miden cuanto es el impacto y la nueva proyección sin ese aporte directo. “Analizamos si a todos afecta de la misma manera, quizás a unos más que a otros. En los negocios pequeños medianos, quizás por allí debamos empezar. Al final la revisión debe tener principios de equidad inclusión y preguntarse quién gana y quien pierde con este tema”, insistió Tábora. (WH)
DATOS
El sector privado plantea que las erogaciones de las empresas con utilidades brutas arriba de diez millones de lempiras al año, andan entre 2,200 y 2,400 millones de lempiras por período fiscal. Los perjuicios económicos de la aplicación de esta medida antievasiva rondan los 4 mil millones de lempiras por año, recursos que dejan de invertir empresas en proyectos y apertura de puestos de trabajo, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). El 1.5 por ciento resulta inconstitucional, porque de 25 por ciento, el pago del ISR ha subido en promedios del 43 a 75 por ciento.
Las empresas que facturan grandes volúmenes son las más afectadas porque el mecanismo no discrimina entre bajas utilidades y ventas altas lo que ha llevado a algunos empresarios hasta a endeudarse en la banca para poder operar, según planteamientos del Cohep.
Gobierno insiste en mayor inversión privada y empleo en la negociación del 1.5% al ISR
